En un mensaje divulgado en su cuenta de la red social X, el funcionario acotó en primer lugar que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la Constitución y, por ende, la ley.
Abundó que, ante las denuncias de supuestos nexos entre el general Juan Miguel Huertas e integrantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), expuestas la víspera en un reportaje del medio Noticias Caracol, ordenó realizar una investigación rigurosa según las competencias de la cartera de Defensa, en colaboración con la comunidad de inteligencia.
También refirió que se dispuso todo lo requerido por la Fiscalía para acelerar las pesquisas.
Sánchez manifestó que, como Ministerio de Defensa, no se vacilará en tomar las decisiones que correspondan según concluyan las investigaciones.
“Quiero ser enfático: ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni tampoco en las entidades adscritas al sector Defensa, ni por retirados de la Fuerza Pública, ni por funcionarios públicos o particulares”, afirmó.
Aseveró que la cooperación “con criminales “es una línea roja que jamás se cruzará, y quien se aparte del deber constitucional será investigado con la máxima celeridad y rigor, y enfrentará todo el peso de la justicia.
El ministro sostuvo que alias ‘Calarcá’ (hoy al frente del grupo conocido como EMBF en diálogos con el Gobierno) y alias ‘Mordisco’, cabecilla del EMC, son criminales y así lo argumentan las órdenes de captura.
“La posición del Estado colombiano es clara: individuos de alta peligrosidad que han sembrado violencia, reclutado menores y promovido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”, comentó.
Aunque alias ‘Calarcá’ tenga una orden de captura suspendida en los espacios de diálogo que permite la Ley 2272, conocida como Ley de Paz Total, ello no constituye un salvoconducto para delinquir, planteó el funcionario.
“Si la Fuerza Pública encuentra a cualquier individuo —incluyéndolo a él— en flagrancia, procederá de inmediato a su captura. Este deber constitucional no admite excepciones”, sentenció.
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