La acusación, que incluye a otros cuatro dirigentes de la inactiva organización, plantea la máxima sanción para Polay, a quien culpa de los delitos de homicidio y terrorismo agravado.

Precisa que tales delitos fueron cometidos entre 1989 y 1992, en la región noramazónica de San Martín, donde un grupo de miembros del MRTA dieron muerte a 10 homosexuales (ocho de ellos en un bar), como medida de “limpieza social”, según dijeron.

La Fiscalía pide además 18 meses de prisión preventiva para Polay, a fin de asegurar que siga encarcelado después de cumplir su presente condena.

Los otros acusados son los exdirigentes del MRTA María Cumpa, Peter Cárdenas, Alberto Gálvez, Lino Manrique y Sistero García, quienes, al igual que Polay, son considerados autores mediatos de las muertes mencionadas, porque eran dirigentes de la organización armada.

Entre los imputados, solo Polay está preso, pues los restantes cumplieron sus condenas y viajaron al exterior y se encuentran en Europa Cumpa, Cárdenas y Gálvez.

La audiencia inicial del juicio a los mencionados se realizará el 28 de noviembre venidero en Lima y está por conocerse si los ausentes fueron localizados.

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