En un informe difundido a propósito de conmemorar este 25 de noviembre el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la organización no gubernamental señaló que el país vive “una ola feminicida” paralela al repunte general de violencia criminal.

Según el estudio, una mujer o niña es asesinada cada 22 horas en el país, la cifra más alta jamás registrada.

El 78 por ciento de los crímenes se ha cometido con armas de fuego, un indicador que, según el colectivo, refleja cómo el crimen organizado usa los cuerpos femeninos como “botín de guerra”.

La Fundación Aldea sostuvo que la violencia de grupos armados, bandas y facciones vinculadas a economías ilegales coloca a mujeres y niñas en un riesgo mayor, al operar bajo estructuras de poder que actúan “como corporaciones armadas”.

En este contexto, la organización afirmó que los asesinatos cometidos por estos actores deben ser entendidos como “crímenes corporativos” con componentes de misoginia y extrema crueldad.

El informe señala que los homicidios de mujeres son usados para enviar mensajes, ejecutar venganzas o marcar territorios, patrones visibles en casos de secuestro con muerte, cuerpos descuartizados, violencia sexual y asesinatos de niñas y adolescentes en zonas dominadas por grupos ilegales.

Para la Fundación Aldea todos estos crímenes deben ser tipificados como femicidios y criticó que las familias de las víctimas no sean reconocidas como víctimas directas para efectos de reparación.

También subrayó que el asesinato de mujeres trans debe ser considerado dentro de esta categoría legal.

En ese contexto, denuncian que el Estado no responde a la magnitud de la crisis y acusan a las instituciones judiciales de permanecer “dormidas” mientras la violencia se normaliza en ámbitos familiares, comunitarios y laborales.

La organización pidió al Gobierno reconocer la dimensión real del problema, dejar de “ocultar e invisibilizar” cifras y garantizar justicia y reparación integral para las personas afectadas.

El presidente Daniel Noboa realizó hace unos meses una reestructuración para reducir el número de instituciones del Estado.

Entre los ministerios que desaparecieron está el de la Mujer y Derechos Humanos, funciones que pasaron a formar parte de la cartera de Gobierno, en medio de cuestionamientos de organizaciones sociales y activistas.

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