La rúbrica del Acuerdo, que tuvo lugar en el Teatro Colón de esta capital, marcó el fin de casi cuatro años de negociaciones en Cuba, y más de 50 años de conflicto armado con la referida guerrilla, pero dio inicio asimismo a un camino que no estuvo exento de obstáculos.

Según reconocieron recientemente a Prensa Latina los senadores Julián Gallo y Sandra Ramírez, antiguos integrantes de la fuerza guerrillera y que llegaron a la vida legislativa gracias a los 10 curules que fueron otorgados al partido que nació de la organización en armas, durante la administración anterior fue poco el avance logrado.

“Nosotros tenemos cuatro años perdidos desde que se firmó el acuerdo y son los cuatro años del expresidente Iván Duque (2018-2022)”, remarcó la congresista.

Con esa aseveración estuvo de acuerdo Gallo, aunque acotó que no todo el tiempo puede calificarse de perdido pues, a su juicio, durante ese periodo se logró configurar un bloque de fuerzas políticas y sociales que impidió la destrucción total del proceso.

“Con esto lo que quiero significar es que no se puede hacer un balance de la implementación en términos mecánicos de qué puntos se han cumplido. No, esto es un problema político, un problema de correlación de fuerzas”, enfatizó.

Valoró que el acuerdo desató un proceso de transformación política y social que condicionó cambios nunca vistos, como la llegada del primer gobierno progresista.

Ramírez, por su parte, estimó que si hay un aspecto que merece distinción es la voluntad que el actual ejecutivo muestra por cumplir la letra del pacto, lo cual se constata fundamentalmente en los progresos referidos a la Reforma Agraria.

Destacó cómo de los tres millones de hectáreas que según quedó plasmado en el documento deben entregarse a los campesinos, hay un promedio de 700 mil hectáreas que están ya en el Fondo Nacional Agrario para su respectiva distribución, en tanto más de un millón 700 mil están ya formalizadas en manos de los agricultores.

“Eso es un avance importante, porque es el primer gobierno que toma el acuerdo y toma su primer punto para hacer de él una acción social en los territorios, de darle la tierra a los campesinos y campesinas para que la pongan a producir”, remarcó.

De acuerdo con el último informe que la Misión de Verificación de la ONU divulgó en esta capital sobre la ejecución del pacto, que comprende el período entre el 27 de junio y el 26 de septiembre de 2025, el país sudamericano muestra determinación “para establecer una paz duradera tras décadas de conflicto armado”.

El secretario general, António Guterres, reveló no obstante su preocupación por la persistente violencia que afecta a la población civil en varias regiones de Colombia, con perjuicios acentuados para comunidades indígenas y afrocolombianas, los niños reclutados por los grupos armados, los excombatientes y los líderes sociales.

“Hago un llamado a los grupos armados para que cesen todas las amenazas y la violencia contra la población civil. Asimismo, insto al Estado, en su conjunto, a que adopte las medidas adecuadas para reforzar la seguridad, combatir las economías ilegales, preservar la justicia y proteger a todas las comunidades afectadas”, instó.

El informe alertó además que, hasta el 26 de junio pasado, se elevó a 470 el número de firmantes del Acuerdo de Paz asesinados.

Respecto a la reforma rural, destacó los esfuerzos del Gobierno para facilitar la adjudicación y la formalización de tierra a campesinos, mujeres rurales y víctimas.

Si bien reconoció que el proceso merece el continuo y firme apoyo de la comunidad internacional, recientemente se conoció que la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia redujo algunas de sus funciones clave.

El cambio, que eliminó la verificación de las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo, se produjo por presión de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad.

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