Esa estrategia en el enfrentamiento a las pandillas que asolaron al país durante años hasta ahora muestra resultados incuestionables como la reducción el índice de homicidios a 0.08 por día en lo que va del mes de noviembre y que contrasta con el 14.9 registrado en 2015.
Cifras de la Policía Nacional Civil (PNC) sostienen que entre el 1° al 24 de noviembre de este año, solo se registran dos homicidios.
En noviembre de 2015 el país registró 415 asesinatos atribuibles a las pandillas y desde que asumió la actual administración con la puesta en práctica del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, se obtuvieron resultados incuestionables.
Pese a reclamos de algunos sectores y organizaciones defensoras de los derechos humanos, el gobierno insiste en mantener el régimen de excepción, lo que es demostrativo de que aun existen pandilleros en el país.
La víspera, la medida que suspende garantías constitucionales de defensa, máximo plazo de detención e inviolabilidad de las comunicaciones fue prorrogado por la Asamblea Legislativa.
El foro parlamentario unicameral acogió con un voto de 57 a favor y uno en contra, más dos que no estuvieron, la nueva extensión de la medida que permitió ya el arresto de 90 mil 200 presuntos pandilleros y colaboradores y sumar mil 60 jornadas sin homicidios desde que se aplica la medida.
La nueva prórroga estará vigente desde el 2 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025.
La medida fue criticada el martes durante una protesta donde, Nohemy Lira, del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), aseveró que organizaciones defensoras de derechos humanos documentaron torturas, partos en centros penales, quemaduras, asfixia, ejecuciones simuladas y violencia sexual contra las féminas.
Datos divulgados durante el plantón indican que 25 mujeres murieron en las cárceles durante el régimen de excepción.
El Socorro Jurídico Humanitario, una ONG, divulgó que registro 458 adultos y cuatro niños fallecidos bajo custodia estatal durante la aplicación del régimen.
No obstante, el gobierno insiste en mantener la medida alegando que existen remanentes activos de pandillas y de redes de apoyo y que fueron completamente desarticuladas.
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