El pleito comenzó la semana pasada, cuando la primera sala del STF aprobó por unanimidad, con cuatro votos a favor y cero en contra, la denuncia de la Procuraduría General de la República. El resultado se anunció oficialmente este miércoles.
Los votos fueron emitidos por los ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lúcia Antunes.
Con la decisión, el siguiente paso será la apertura de una acción penal contra el parlamentario, quien reside en Estados Unidos desde febrero.
Durante el proceso, podrá indicar testigos, presentar pruebas de inocencia y solicitar investigaciones específicas relevantes para su defensa.
En septiembre, el descendiente del exmandatario ultraderechista fue imputado por la Fiscalía General en la investigación sobre sus acciones con Washington para promover aranceles contra las exportaciones nacionales, la suspensión de visas para ministros del Gobierno federal y magistrados del STF.
De manera inesperada solicitó una licencia de 120 días de su mandato. Desde el 20 de julio, cuando finalizó su licencia, el congresista no ha asistido a sesiones y podría ser sometido a un juicio político por ausencias.
Tras el inicio del litigio, el legislador publicó un mensaje en redes sociales en el que calificó el voto de De Moraes de «cacería de brujas».
Durante la investigación, el instructor del caso ordenó notificar al asambleísta, quien no designó un abogado ni presentó una defensa.
Para De Moraes, el diputado intentó crear un clima de intimidación contra los letrados responsables del juicio de su padre y contra «las autoridades responsables de un posible proyecto de amnistía».
Mensajes revelan que Eduardo Bolsonaro instruyó a su progenitor sobre el momento y el contenido de sus declaraciones públicas, según la Fiscalía General.
«Si dices algo sobre Estados Unidos que no encaje con lo que estamos haciendo aquí, podrías echar por tierra algunas acciones», le dijo el congresista al exjefe de Estado en uno de los diálogos encontrados por la Policía Federal.
La indagación condujo al arresto domiciliario del exgobernante, quien el sábado fue detenido y trasladado a la Superintendencia de la PF en Brasilia, donde empezó a cumplir la condena de 27 años y tres meses de cárcel por tentativa golpista.
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