El proceso, impulsado por los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), fue entregado con más de 50 firmas de respaldo y deberá superar primero el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), controlado por el oficialismo.

Si se admite, pasará a la Comisión de Fiscalización, también presidida por un legislador afín al Gobierno, del movimiento Acción Democrática Nacional, y solamente después es que llegaría al pleno parlamentario.

Para censurar al exministro se requieren 101 votos, una cifra difícil de alcanzar porque el oficialismo y sus aliados suman una mayoría que ya ha bloqueado otros intentos de fiscalización, según denunciaron los proponentes.

No obstante, la RC insistirá en el proceso.

El legislador de esa organización Luis Molina afirmó que la bancada recopiló cerca de seis mil páginas de documentos oficiales tras presentar unos 250 pedidos de información, algunos obtenidos a través de acciones judiciales.

Según dijo, eso sustenta tres incumplimientos de funciones: falta de pago a servicios externos y desabastecimiento de medicamentos, retrasos en los pagos a centros de diálisis y recortes presupuestarios.

Molina sostuvo que Martin deberá responder “uno a uno” por estas irregularidades y recordó que una sentencia constitucional prohíbe suspender los pagos a las clínicas de diálisis.

Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego señaló que la deuda del Estado con los centros de diálisis asciende a 206 millones de dólares y afecta a más de 11 mil pacientes renales, varios de los cuales han fallecido por la falta de atención.

Asimismo, la legisladora Eliana Correa explicó que tras visitar más de 100 hospitales en 18 provincias constataron que el desabastecimiento de medicamentos persiste y a nivel nacional se mantiene entre el 51 y el 62 por ciento, pese a la creación de un comité de salud.

El oficialismo no ha reaccionado públicamente al nuevo proceso, que se suma a la creciente disputa política sobre la situación del sistema sanitario ecuatoriano, cuya ministra encargada es la vicepresidenta, María José Pinto.

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