En un informe publicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la organización subrayó la magnitud de las violaciones cometidas contra mujeres y niñas desde el inicio de la guerra en marzo de 2011.
En este sentido, la entidad citó una base de datos continuamente actualizada que documenta ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, así como casos de tortura, violencia sexual, desplazamiento, discriminación y acoso.
Según el informe, la etapa iniciada tras el derrocamiento del gobierno de Bashar Al-Assad el 8 de diciembre de 2024, constituye un momento decisivo para asegurar los derechos de las mujeres y consolidar su papel en la reconstrucción política y social del país.
Pese a su participación activa en el activismo civil y humanitario durante los años de conflicto, la representación femenina en los espacios de decisión sigue siendo limitada, aseguró el texto.
La Red documentó el asesinato de 29 mil 358 mujeres y niñas desde 2011 y registró 10 mil 257 casos de detención o desaparición forzada hasta el 25 de noviembre de 2025. También contabilizó 118 muertes bajo tortura y 11 mil 583 incidentes de violencia sexual.
El informe establece tres pilares principales para reforzar la protección de las mujeres durante la transición. El primero propone ampliar la participación comunitaria e institucional femenina, fortaleciendo su presencia en los procesos de reforma, la toma de decisiones y las instituciones de justicia y seguridad.
El segundo plantea fortalecer la protección jurídica y social, mediante la actualización de leyes, la rendición de cuentas y la provisión de apoyo sanitario, psicológico y económico.
El tercer pilar resalta la importancia de la documentación continua como base para la justicia transicional y la elaboración de políticas públicas fundamentadas en evidencia.
La Red concluyó con una serie de recomendaciones dirigidas a las instituciones de gobernanza local y a los actores involucrados en el proceso político. Entre ellas destacan la creación de un marco legal para la protección de las mujeres, el establecimiento de unidades de monitoreo de violaciones, el fortalecimiento del apoyo legal y psicológico, y la garantía de la representación femenina en estructuras nacionales y locales.
Asimismo, llamó a promover programas de empoderamiento económico y social, habilitar servicios especializados para mujeres afectadas por la violencia, implementar mecanismos de denuncia seguros y eficaces y desarrollar campañas de sensibilización que contribuyan a combatir la discriminación y fomentar una cultura de derechos.
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