Mediante un comunicado, la entidad subrayó que en ese proceso prevalecieron intereses políticos y electorales por encima de la transparencia y la responsabilidad fiscal.

Hacerlo en un año preelectoral incentiva programas clientelares, consideró Camagro, mientras añadió que debilita los controles del gasto público y deteriora la calidad de la democracia, al reducir la confianza ciudadana y abrir espacios a la discrecionalidad en el uso de los recursos.

Llamó a garantizar mayor fiscalización, disciplina presupuestaria y decisiones basadas en criterios técnicos, que fortalezcan la institucionalidad económica y aseguren un uso responsable de los bienes públicos.

Guatemala necesita transparencia, estabilidad y responsabilidad. El país merece un presupuesto que responda al desarrollo, no a intereses políticos, remarcó el texto.

Tras la aprobación de urgencia en la madrugada del miércoles, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, así como la Cámara de Industrias reprobaron esa decisión.

El presidente de esta nación centroamericana, Bernardo Arévalo, expresó, por su parte, que era una buena noticia porque les permitirá contar con una herramienta para invertir en el bienestar y en el desarrollo desde una perspectiva más inclusiva.

Este es un hito que nos gratifica porque nos compromete a esforzarnos aún más para mejorar la vida de todas y todos, remarcó el abanderado del partido Movimiento Semilla.

El Gobierno afirmó que gran parte de esos recursos se destinarán a áreas clave como educación, salud, desarrollo social, infraestructura, electrificación rural, justicia, entre otros.

Aún así, el monto: 163 mil 469 millones de quetzales (casi 22 mil millones de dólares, el más alto de la historia), fue calificado por el sector privado de “excesivo e insostenible”.

Parte de ese presupuesto –criticaron- se financia con préstamos, lo que a juicio de algunos compromete la salud financiera del Estado y puede generar una “irresponsabilidad intergeneracional”.

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