Promulgada poco antes de que el exmandatario Luis Arce abandonara la Casa Grande del Pueblo (sede del Ejecutivo), tras el triunfo electoral de Paz, la normativa permanece paralizada a la espera de un pronunciamiento judicial.

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Helen Rivero, aseguró que se reunirán en La Paz gremiales, transportistas, cuentapropistas, choferes y microempresarios.

Añadió que en ese encuentro definirán una resolución conjunta y asumirán medidas de presión ante lo que consideran una postura del Órgano Ejecutivo “a favor de la banca privada”.

“No podemos esperar una semana más. La ley es de estricto cumplimiento -aclaro Rivero-, y se debe poner en vigencia ya”.

Reiteró las críticas al Ejecutivo con el reproche de que mantenga en suspenso la medida, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) define si el procedimiento seguido en su aprobación fue o no regular.

Esa ley fue promulgada por Arce, con el propósito de establecer un alivio financiero para prestatarios desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026.

La justificación del proyecto de normativa está asociada a la crisis económica que paralizó el movimiento económico de varias actividades y sectores.

Sin embargo, una vez promulgada, la norma se detuvo después que asociaciones del sistema financiero presentaron medidas cautelares ante la justicia constitucional.

Al respecto, Rivero señaló que los prestatarios ya se encontraban cursando sus notas correspondientes, pero todo quedó en nada.

Sobre el particular, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Espinoza, confirmó la semana pasada que la vigencia de la ley dependerá del fallo del TCP, pues existen observaciones al proceso legislativo con el que fue aprobada.

Portavoces de la Central Obrera Boliviana (COB) advirtieron que, si el Gobierno no pone en vigencia la norma, quedará demostrado que defiende los intereses de la banca privada.

El secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en tanto, informó que 1,4 millones de personas serían beneficiadas con la entrada en vigencia de la ley.

Ante esta situación, el lunes último una marcha de prestatarios de Santa Cruz llegó a La Paz e instaló un mitin de repudio frente a la sede del Ejecutivo, encabezada por Silvia Pacasi.

Ante sus acompañantes, Pacasi acusó a las autoridades gubernamentales de “proteger los intereses bancarios” y desatender la situación de miles de familias, cuyo ingreso se deterioró por el encarecimiento de los productos y la desaceleración económica.

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