La medida, auspiciada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), generó un fuerte debate, tras las quejas de varias emisoras sobre su imposibilidad de participar en el proceso, por los elevados precios base establecidos, y otros costos asociados, denunció el canal Teletica.com.

Los críticos incluyen a diputados, académicos, medios y candidatos presidenciales, quienes constataron que los montos fijados por la Sutel resultan inaccesibles, en especial para medios pequeños, regionales y comunitarios.

Las condiciones económicas impuestas por la subasta dejaron ya fuera a una parte importante del sector, mientras expertos en regulación de telecomunicaciones como el abogado Juan Manuel Campos advierten que desde su origen esa estrategia afectaba la participación equitativa.

La medida, ordenada por el gobierno, desconoció las diferencias entre grandes compañías y medios independientes o de carácter social, omisión que provocó un escenario poco competitivo y con limitadas oportunidades para una amplia diversidad de operadores, explicó el experto en una entrevista con Teletica.

Solo tres empresas de televisión –recordó el abogado- presentaron ofertas, mientras que una veintena de emisoras de radio lograron completar el proceso.

La Sala Constitucional, por su parte, ordenó frenar la aplicación de la subasta emprendida por la Sutel, ante el riesgo de dejar fuera del aire a numerosos medios.

Una resolución dictada por el magistrado instructor Paul Rueda de la también llamada Sala IV, prorrogó la medida hasta que sean resueltos mediante sentencia los recursos de amparo presentados por los afectados contra la subasta, ahora analizados por dicha instancia, según el canal.

La decisión de la Sala de la Corte Suprema de Justicia fue asumida “ante el grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión (tanto televisivos como radiofónicos)”, explica la resolución.

El freno del ente constitucional al proceso de subasta promovido por la Sutel previene, además, “la posible ocurrencia de daños severos” contra numerosas entidades de la radiodifusión.

La posible inactividad de esas últimas (20 de radiodifusión sonora FM, una de radiodifusión sonora AM y cuatro de radiodifusión televisiva), podrían causar “una reducción de al menos dos tercios de la cantidad actual”, reconoció la Sala IV.

Miles de ciudadanos mostraron su desacuerdo ante posibles retiradas como la de Radio Sinfonola, mientras el presidente de la Cámara de Radio, Gustavo Piedra, criticó al gobierno por “destruir los aportes de la radio y la televisión, al irrespetar y desconocer sus derechos a prórroga automática”.

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