“En la investigación, el Ministerio Público ha colectado 133 elementos de convicción para sustentar la imputación formal”, aseguró el representante del Ministerio Público.
Describió que la investigación se remonta al 11 de noviembre de 2021, fecha en la cual el predio Adán y Eva —ubicado entre los municipios cruceños de La Guardia y Cabezas-, fue vendido por sus propietarios, Ricardo Moreno Velasco y Ana María Banegas, a Arce Mosqueira por un monto de tres millones 55 mil 485 dólares.
Según el avance de la pesquisa, en una primera instancia se realizaron adelantos de pago por aproximadamente 280 mil dólares.
Al respecto, el fiscal aclaró que, sin embargo, el perfil económico del imputado “no era compatible” con una transacción de ese monto y no se adecuaba a cifras tan elevadas.
Informó que el análisis fiscal estableció que, antes de 2016, Arce Mosqueira registraba ingresos mínimos, con depósitos de alrededor de mil bolivianos (unos 143 dólares), mientras que después de 2016 sus cuentas registraron movimientos de 30 mil bolivianos (más de cuatro mil dólares) e incluso de hasta cuatro millones de bolivianos (más de 570 mil dólares).
Subrayó que esos montos forman parte ahora de la investigación del Ministerio Público. De acuerdo con lo informado, la investigación incluye también a Luis Roberto Flores, exdirector departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras de Santa Cruz, acusado de uso indebido de influencias por presuntamente omitir trámites administrativos.
Flores habría subsanado y aprobado en tiempo récord los documentos para beneficiar a Arce Mosqueira, pese a que este no presentó un Plan de Uso de Tierras, requisito indispensable. .
“Debemos establecer que cada uno de los perfiles y los elementos de convicción colectados por parte del Ministerio Público han permitido consolidar la resolución de imputación formal”, expresó Torres.
Arce Mosqueira fue imputado por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, mientras que Flores enfrenta imputación por uso indebido de influencias, y al considerar riesgos procesales, la Fiscalía solicitó para ambos la detención preventiva por seis meses en la cárcel de San Pedro, en La Paz.
Torres confirmó que la resolución ya fue presentada ante la autoridad judicial, quien deberá señalar la audiencia de medidas cautelares para que la Fiscalía fundamente la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga u obstaculización.
En relación al tema migratorio, el fiscal dijo que, según el último reporte, ambos investigados aún se encuentran en territorio nacional.
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