Sharmelí Bustíos, hija del periodista Hugo Bustíos, expresó indiganción por la solicitud presentada por el defensor, Josué Gutiérrez, al Tribunal Constituciuonal (TC), de que se pronuncie a favor del pedido de libertad presentado por Urresti.

El pedido “lleva a esta institución a los espacios más oscuros, cuando se creó para defendernos, pero que ahora está secuestrada por un poder nefasto que no conoce límites y obedece a razones políticas”, dijo, en alusión a que Gutiérrez es grato a sectores políticos conservadores.

Añadió que la culpa de Urresti por el asesinato quedó plenamente demostrada en un juicio en el que fue condenado a 12 años de cárcel por el crimen cometido el 24 de noviembre de 1988.

La denunciante cuestionó la pretensión de anular la condena alegando que no hubo respeto al debido proceso ni debió juzgarse el homicidio como crimen de lesa humanidad y recordó que el delito fue cometido en un contexto de violación sistemática de derechos humanos durante el llamado conflicto armado (1980–2000)

La Defensoría del Pueblo presentó por otra parte una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía aprobada por el Parlamento de mayoría conservadora para militares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad antes de 2002, lo que beneficiaría a quienes los cometieron durante el conflicto interno.

Los legisladores alegaron que solo son imprescriptibles esos delitos desde esa fecha, porque recién entonces Perú se adhirió a la Corte Penal Internacional, lo cual lo obliga a sancionar los crímenes de Estado sin importar cuando hubieran sido cometidos

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que el nuevo recurso contra la amnistía contradice el apoyo que la Defensoría otorgó antes a la cuestionada norma, por lo que mas bien buscaría que el TC, considerado conservador, avale la cuestionada ley y le dé plena validez.

Hasta ahora, los jueces han rechazado los pedidos de militares y policías que pretenden ser excarcelados por la amnistía.

Los magistrados argumentan para ello que los compromisos internacionales tienen rango constitucional y por tanto los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, aunque un fallo del TC le dará el mismo rango a la criticada amnistía.

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