La organización presentó una solicitud formal bajo el Acta de Libertad de Información (FOIA, siglas en inglés) al Comandante del Centro de Entrenamiento Conjunto Camp Santiago, en Salinas, para exigir la divulgación completa de documentos sobre contaminación química, riesgos ambientales y manejo de sustancias tóxicas en la instalación militar más grande de la Guardia Nacional en Puerto Rico.
“Advertimos que la operación prolongada de Camp Santiago representa un riesgo directo para el acuífero del Sur, fuente primaria de agua potable para decenas de miles de personas en Salinas, Guayama, Arroyo y pueblos cercanos”, estableció en la víspera Sonia Santiago Hernández, portavoz de Madres contra la Guerra.
La activista social afirmó que “las comunidades tienen derecho a saber qué contaminantes se han vertido en Camp Santiago; dónde están, cuánta exposición existe y qué planes reales de mitigación hay; no permitiremos silencio institucional cuando está en juego la salud de nuestras familias”.
La petición incluye documentos relacionados con tanques subterráneos y derrames de combustible; historial de fugas de gasolina y diésel, órdenes correctivas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos y reportes sobre fallas en sistemas de detección automática.
Además, sustancias perfluoroalquiladas, químicos presentes en espuma contra incendios, estas sustancias están asociadas a cáncer, daños hormonales y problemas del sistema inmune.
“Las Madres contra la Guerra solicitamos resultados de todas las pruebas de agua potable, agua subterránea, sedimentos y suelos dentro y fuera del perímetro de Camp Santiago, así como mapas de áreas donde se haya vertido AFFF durante ejercicios militares”, plateó.
Igualmente, aguas usadas para lavado de vehículos militares que contienen grasa, aceites, solventes y metales pesados, aparte de exigir los informes sobre fallas en el sistema de reciclaje impuesto por la EPA.
Santiago Hernández solicitó también los residuos de municiones y metales pesados en áreas de tiro, incluyendo plomo, cobre, antimonio y tungsteno, que pueden migrar hacia el acuífero.
El campamento Santiago se ubica parcialmente en la llanura de inundación del río Nigua, situación que podría transportar sustancias tóxicas hacia comunidades civiles durante huracanes y lluvias extremas, lo que implica riesgos de inundación y arrastre de contaminantes.
La portavoz de Madres contra la Guerra alertó que la salud pública no puede estar subordinada a intereses militares, a la vez que exigió transparencia y justicia ambiental.
“Puerto Rico tiene derecho a conocer la verdad: qué sustancias peligrosas hay en el terreno, cuánto tiempo llevan allí y quién es responsable; el pueblo no puede cargar con los costos ambientales de una instalación militar que opera al margen de la transparencia”, dijo Santiago Hernández al recordar que en 2009 la EPA sancionó a la Guardia Nacional por violaciones ambientales en Salinas, incluso manejo inadecuado de tanques de combustible y aguas aceitosas.
Destacó que más de una década después, “Madres contra la Guerra denunciamos que no existe información pública suficiente sobre el estado actual del terreno ni sobre la presencia de PFAS y otros contaminantes”.
Madres contra la Guerra instó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, a la EPA Región 2, al municipio de Salinas, y a la Asamblea Legislativa, a qué también exijan transparencia y a realizar inspecciones independientes.
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