El fallo es en respuesta a una demanda incoada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) ante las pérdidas de electrodomésticos —que van desde televisores, estufas y refrigeradores— hasta daños en los hogares debido a fluctuaciones en el voltaje, que el consorcio canadiense-estadounidense estaba exento de pagar, contrario a lo que ocurría con la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El máximo foro judicial puertorriqueño declaró igualmente nula la Resolución y Orden del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) del 31 de mayo de 2021, que eximía a LUMA Energy de esa responsabilidad, al considerar que no tenía la facultad para ello.

Esta decisión supone que los consumidores afectados por negligencias de LUMA podrían acudir a los tribunales a establecer reclamaciones contra la empresa por los daños sufridos.

La opinión del Tribunal Supremo, emitida por el juez asociado Raúl Candelario López, establece que “no hay ninguna disposición que expresamente delegue facultad al NEPR para otorgar inmunidad o limitar la responsabilidad de compañías de servicio eléctrico en el ámbito de responsabilidad civil”.

El exdiputado Jorge Colberg Toro aclaró que la decisión judicial no adjudica responsabilidad y abre la puerta para que LUMA Energy termine cobrando al ciudadano un cargo con el fin de resarcir daños a los clientes.

DACO presentó un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia en contra de LUMA, el NEPR y la AEE dirigido a establecer la inconstitucionalidad de una sección del Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico, que exime de responsabilidad al consorcio privatizador por los daños ocasionados a consumidores producto de negligencias y fluctuaciones en el voltaje.

La secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo, también reclamó ante el foro de primera instancia que se anulara la Resolución y Orden emitida el 31 de mayo de 2021 por el NEPR, porque otorgaba a la privatizadora una inmunidad casi absoluta frente a las reclamaciones de los consumidores, que no estaba facultado en ley para conceder.

«Estamos evaluando el alcance de esta decisión para nuestros clientes y los próximos pasos (que daremos). Reiteramos que cualquier cambio en el relevo de responsabilidad podría afectar el costo y la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico, el marco legal actual y el plan fiscal para la AEE”, planteó la empresa norteamericana.

Mientras, dijo, “seguimos centrándonos en trabajar duro todos los días para mejorar la confiabilidad del sistema y apoyar a nuestros casi 1.5 millones de clientes”, estableció el consorcio al sostener que los relevos de responsabilidad son una práctica común y existen para empresas eléctricas en todo el mundo.

“El Negociado de Energía otorgó ese relevo considerando el estado del sistema después de décadas de falta de mantenimiento y mala administración por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, anotó la empresa privatizadora.

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