La iniciativa es impulsada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Su titular, Juan Castillo, criticó «la moda que se ha instalado en los últimos tiempos de comunicar hasta por redes sociales, estado de WhatsApp, por videos».
El proyecto ya fue presentado a la bancada del Frente Amplio y se apoyará en convenios de la Organización Internacional del Trabajo que fijan plazos mínimos de aviso previo.
La idea es que el Estado tenga margen para mediar, negociar alternativas, conseguir inversores o intentar reconversiones productivas, en lugar de enterarse cuando la patronal dispuso el cierre.
Castillo enfatizó que cerrar una empresa “se hace de un día para el otro, pero reactivar el empleo lleva meses”.
En noviembre el cierre de operaciones por parte del consorcio estadounidense UKG provocó la sorpresa del gobierno de Uruguay y se sumó a igual camino tomado por otras compañías extranjeras.
El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dijo que le resultó inesperada la medida, que dejará en la calle a 300 personas.
Salió de la nada, totalmente inesperado, comentó a Prensa Latina uno de los empleados.
Castillo se quejó porque el MTSS no fue notificado oficialmente.
En los últimos tiempos varias firmas extranjeras cerraron sus plantas en Uruguay.
La empresa Fenedur, fabricante de pegamentos, mudó recientemente su producción a Argentina.
Antes la estadounidense Verizon, de comunicaciones, cesó su actividad y dejó en la calle a 265 empleados.
En enero último fueron mil 500 los trabajadores despedidos por la firma japonesa Yazaki, proveedor de autopartes.
Yazaki clausuró sus dos plantas en Uruguay y las trasladó a Argentina y Paraguay.
En abril de 2024, Fanacif -propiedad de la brasileña Frasle Mobility- dejó de producir aquí componentes para sistemas de freno, que ahora fabrica en Brasil.
Gloria Foods, del Grupo Gloria de Perú canceló el año pasado su producción láctea en Uruguay y dejó en la calle a 43 trabajadores, quienes se enteraron través de un comunicado enviado por WhatsApp.
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