De acuerdo con un comunicado, los trámites de los procesos realizados ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y Acción Penal, están registrados con los números 46/19 y 48/20, y se relacionan con hechos ocurridos durante el ejercicio de la función pública del exgobernador.

Específicamente en el primero, Lopes Carneiro está acusado de uso de fondos públicos para fines privados cuando se desempeñaba en el sureño territorio de Cuando Cubango, por lo que le es imputado el delito de peculado.

En tanto, el segundo expediente se refiere al delito de burla calificada, pues supuestamente el acusado recibió de una empresa privada más de 60 vehículos durante el período en que dirigió el Gobierno Provincial de Luanda, distribuyéndolos a diversas personas sin proceder al pago correspondiente.

Lopes Carneiro, quien es general en la reserva y miembro partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), respondió en sus redes sociales manifestando su confianza en estos procesos judiciales, “no como un mero acto de esperanza, sino como un firme compromiso con la verdad, la justicia y la responsabilidad”.

Añadió que, “donde hay integridad, hay resultados”.

Su nombre ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, primero por su intención de postularse a la dirección del MPLA y sus declaraciones sobre un supuesto apoyo del actual presidente de ese partido y de la República, João Lourenço, lo cual fue desmentido por el mandatario.

Posteriormente, la Televisión Pública de Angola lo vinculó con el ex agente de la CIA, el estadounidense Dale Bendler, a quien aparentemente pagó para protegerlo en temas judiciales en Estados Unidos; un asunto que no volvió a abordarse y que el propio Bendler negó, al decir que nunca conoció al general angoleño.

En febrero de 2019, Lopes Carneiro, que también fue ministro de Obras Públicas, gobernador de Kwanza Sul y vicepresidente de la Asamblea Nacional, fue acusado por la Fiscalía General de la República por sospechas de haber cometido seis delitos.

Se le imputó peculado, violación de normas de ejecución de planes y presupuestos, abuso de poder, asociación para delinquir, corrupción pasiva y lavado de dinero, todo relacionado con el periodo cuando ejercía como gobernador de Luanda (2016-2017).

Este proceso vivió varios momentos, con congelación de cuentas personales e imposibilidad de viajar, entre otras medidas, pero finalmente todo le fue restituido y el asunto fue archivado en el 2022.

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