El fallo alude a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, quienes en junio de 2022 asumieron públicamente frente a ese tribunal, a las víctimas y al país su responsabilidad en los referidos sucesos.

Las sanciones propias, de acuerdo con la Jurisdicción Especial para la Paz, implican restricciones efectivas de derechos y libertades (como la movilidad y residencia) y la realización durante ocho años de Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador, conocidas como TOAR, y no conllevan cárcel.

Dichas medidas buscan reparar el daño a las víctimas mediante un enfoque restaurativo y se centran en la restitución de derechos y la reconstrucción del tejido social en zonas afectadas por el conflicto, según quedó consignado en el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016.

Acerca de ese tema, Prensa Latina conversó con el senador Julián Gallo, quien aseguró que más allá de la imposición de las sanciones, es preciso hacer hincapié, como parte de ese proceso, en la determinación de responsabilidades y en la exposición real de los sucesos acaecidos.

Recordó que el conflicto armado en Colombia deja un saldo de más de nueve millones de víctimas, una cifra superior a los 120 mil colombianos desaparecidos, millones de campesinos desplazados, y millones de hectáreas de tierras robadas a sus dueños originales.

“Tras las sanciones hay una disputa y es por la verdad de lo que sucedió, fundamentalmente la responsabilidad de un Estado que no fue capaz en 200 años de garantizar la vida y los derechos de los colombianos. Entonces, en ese trasfondo aparece el tema de las sanciones, que es producto precisamente de eso”, explicó.

Consideró entonces que no puede quedar exento del debate el tema de la ética política y de la responsabilidad histórica.

“Nosotros, la última dirección de la FARC, tomamos la decisión cuando firmamos ese acuerdo de asumir las responsabilidades por graves violaciones y crímenes de guerra que se cometieron en el marco de esa guerra, como una decisión política, como un convencimiento ético”, aseveró.

No obstante, expresó que corresponde al Estado, y a las élites que han gobernado y tenido el poder durante dos siglos, asumir la responsabilidad histórica por su incapacidad de conducir a la sociedad colombiana, no solamente a un Estado de justicia social, sino también de plena democracia.

Refirió además que ahora el extinto último secretariado de las FARC exige al órgano de justicia transicional que cumpla con lo acordado sobre el tema de las sanciones propias.

“Nos anuncian una sanción de ocho años de sanciones restaurativas con las cuales nosotros estamos de acuerdo porque fue lo que pactamos, pero obviamente vamos a apelar el componente de sanciones retributivas, es decir, de limitación de la libertad de movimiento, porque es una forma de quitarnos también el derecho a la participación política”, remarcó.

Gallo manifestó que los tiempos para la apelación están suspendidos y, una vez que se reactiven, presentarán una apelación colectiva.

“Aceptemos las sanciones en lo que tiene que ver con la parte restaurativa, porque está en el espíritu de lo acordado, pero vamos a pedir que se revise la parte retributiva que tiene que ver con limitaciones en la movilidad”, insistió.

Según la JEP, los exguerrilleros estarán sujetos a un régimen de supervisión permanente, portarán un dispositivo electrónico que permitirá al Tribunal de Paz verificar en tiempo real su ubicación y actividades, deberán permanecer en un espacio geográfico determinado (no un sitio carcelario) y cumplir con horarios y tareas específicas.

Con el cumplimiento de la sentencia impuesta se extinguen las penas y responsabilidades penales ordinarias de estos comparecientes por los hechos imputados.

El tribunal enfatizó no obstante que el incumplimiento de la Sanción Propia o del régimen de condicionalidad puede derivar en la pérdida de los beneficios otorgados.

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