El pleno congresal dispuso además que Espinoza sea sometida a los tribunales por diversas infracciones a la constitución, lo que ella calificó como producto de una venganza en su contra, por denunciar a numerosos congresistas por delitos de corrupción u otros.

El Legislativo no pudo aprobar la medida porque solo alcanzó 63 de lo 68 votos necesarios para aprobar la controvertido castigo, por lo que el sector derechista pidió reconsiderar la votación y, tras posibles presiones que obligaron a varios congresistas a cambiar horas después su voto, la cuenta llegó a 71.

Espinoza será judicialmente denunciada por los presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato, cometido por desacato a una norma que desacata una ley aprobada por el Congreso que asigna la conducción de la investigación de delitos a la Policía Nacional.

En su alegato de defensa, la fiscal refirió que durante el proceso demostró que, contra la acusación, ella no elaboró el reglamento que ratifica el papel principal de los fiscales en las actuaciones policiales, sino el fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien no fue sancionado.

“Si me inhabilitan, voy a continuar y tarde o temprano voy a retornar”, dijo la jurista.

También acusó a los legisladores de “Manchar, truncar una carrera, que no es política, solamente por votos, por consignas políticas, por odio, venganza, por revancha”, manifestó.

El parlamentario progresista Jaime Quito sostuvo que la mayoría conservadora busca con la inhabilitación de Espinoza asumir plenamente el control del Ministerio Público, constitucionalmente autónomo.

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