Con los votos de tres de cinco jueces, que conforman mayoría, la primera sala del Supremo Tribunal Federal (STF) abrió paso a la pena de cinco altos oficiales de esa fuerza del orden que, por acción y desidia, permitieron los episodios antidemocráticos de esa fecha que redujeron a escombros la Plaza de los Tres Poderes en esta capital.

El juez Alexandre de Moraes, relator del proceso y figura central en las investigaciones sobre el intento de ruptura institucional, propuso penas que llegan hasta los 16 años de prisión para el excomandante Fábio Augusto Vieira y el exsubcomandante Klepter Rosa Gonçalves.

También para los coroneles Jorge Eduardo Barreto Naime, Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra y Marcelo Casimiro Vasconcelos.

Aunque la votación sigue abierta, otros dos ministros ya acompañaron esa posición, dejando virtualmente sellado el destino de los acusados.

La Fiscalía General sostiene que la cúpula policial recibió alertas sobre la movilización de seguidores radicalizados del actualmente preso expresidente Jair Bolsonaro y aun así no reforzó los accesos a los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio Presidencial.

Según la imputación central, hubo una «omisión deliberada» que habría allanado la vía para que los grupos extremistas avanzaran sin resistencia y vandalizaran símbolos clave del Estado brasileño tras la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

De Moraes votó también por absolver a dos de los siete implicados, al considerar que no había elementos suficientes para responsabilizarlos penalmente.

Pero para el resto, el magistrado enumeró un catálogo de delitos graves: intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.

Mientras se aguarda la conclusión del juicio, todos los imputados permanecen en libertad provisional con monitoreo electrónico.

Pero la señal política y judicial ya está dada: por primera vez, el STF se encamina a responsabilizar al mando uniformado cuya inacción, según los investigadores, permitió que la intentona golpista del 8 de enero pasara de amenaza latente a escena global de vergüenza.

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