Fiscal de la Nación de Perú impugna separación del cargo

Lima, 4 dic (Prensa Latina) La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció hoy que impugnará en los tribunales su separación del cargo por el Parlamento, que considera ilegal y una venganza por su desempeño contra la corrupción.

Espinoza se encontraba ya suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que estaba por revertir mediante un recurso judicial cuando, ayer, fue cesada por el Congreso mediante su inhabilitación por diez años y precisó que presentará una acción de amparo contra esta medida.

“Esto amerita una acción de amparo; tarde o temprano volveré (al cargo), a pesar de los atropellos que estoy sufriendo”, dijo en una conferencia de prensa en la que añadió que, además, denunciará a los parlamentarios que la inhabilitaron, porque violaron el debido proceso y el derecho a la defensa.

La jurista fue inhabilitada por la adopción de un reglamento del Ministerio Público que asigna a los fiscales la conducción de las investigaciones de delitos, por ser su atribución constitucional, lo que contradecía una ley aprobada por el Congreso que asignaba ese papel a la Policía Nacional.

Fue sancionada por el Legislativo pese a que otros tres fiscales supremas sometidos al proceso congresal, fueron acusados y exonerados por los mismos delitos por los que Espinoza fue inhabilitada.

La fiscal señaló además que ella no elaboró el reglamento, sino el fiscal supremo Juan Carlos Villena, quien no fue sancionado, y dijo que su inhabilitación significa que el Congreso ha tomado el control del Ministerio Público, y su castigo ha sido un escarmiento para que los fiscales se sometan a los mandatos de los congresistas.

El diario La República advirtió de otro lado que la separación de Espinoza significa que “la cooptación del Ministerio Público, clave para la defensa del orden jurídico, se está consumando frente a nuestros ojos”.

Denunció que para inhabilitar a la fiscal, la mayoría parlamentaria conservadora utilizó “artificios legales de carácter claramente antijurídico”.

“Los peruanos deben estar advertidos de que esta inhabilitación es parte de un objetivo mayor que procurará desmantelar los controles constitucionales para cooptarlos y solo así prolongar su régimen que ya es reconocido por el mundo como una dictadura parlamentaria”, aseveró.

rc/mrs

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