El sondeo de la empresa CPI precisa que solo 33,8 aprueba la medida, mientras 56,5 por ciento la desaprueban, sobretodo en las regiones andinas del sur y el centro de Perú , y la consulta no indaga sobre los motivos del rechazo a la decisión.

El resutado contrasta con la campaña política y mediática contra el asilo de Chávez y contra la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha llegado al extremo de que el Parlamento de mayoría conservadora la ha declarado “persona no grata”.

Chávez permanece desde hace un mes en la residencia de la Embajada de México, asilada por el gobierno de ese país y se mantiene a la espera de que el Gobierno le otorgue el salvoconducto necesario para viajar al país azteca.

El trámite está pendiente de una consulta, iniciada ayer en Washington, a los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre lo que el canciller peruano, Hugo de Zela, considera necesidad de “evitar que se convierta, en función de criterios ideológicos, en un instrumento para eludir la justicia”.

Precisó, entre otras cosas, que debe modificarse la Convención de Asilo para que “se analice de manera oportuna y objetiva con información proporcionada por el Estado territorial, así como por otras fuentes confiables antes de decidir si es procedente conceder el asilo solicitado”.

El analista internacional Óscar Vidarte comentó que no es viable la propuesta del ministro apunta a crear un procedimiento obligatorio previo al asilo, que consiste en una consulta al país del asilado y fuentes diplomáticas opinaron que Zela fue escuchado con cautela por los delegados participantes.

El especialista dijo también que el canciller trató de desvincular la propuesta, del caso de Betssy Chávez, la cita registró cuestionamientos a revisiones al asilo sobre la base de cuestiones coyunturales y el desconocimiento del Derecho Internacional.

Según Vidarte, la propuesta peruana solo obtuvo el apoyo de Ecuador y en forma indirecta de Paraguay, mientras Argentina, Estados Unidos y Panamá “no se la jugaron” por el planteamiento y países como México, Brasil, Colombia y Uruguay lo criticaron.

Coincidió con la posición de México, en el sentido de que la inviable modificación no podría aplicarse retroactivamente por lo que señaló que el Gobierno peruano debe, ineludiblemente, otorgar el salvoconducto a Chávez.

“Al margen de si puede reformarse la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 o no, esta debe cumplirse, las modificaciones no son retroactivas y Perú está obligado a brindar el salvoconducto” de inmediato, aseveró.

En similar sentido se manifestaron los excancilleres Manuel Rodríguez, Óscar Maúrtua, Diego García-Sayán, y Miguel Rodríguez, así como analistas internacionales de diversas posiciones.

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