Exlegisladora del gobernante hasta noviembre último Movimiento al Socialismo, Patty fue citada por la fiscalía en el contexto de la retomada investigación sobre el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI).

Según el Ministerio Público, la exdiputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional (2018-2020) presuntamente manejó de manera irregular un monto superior a un millón de bolivianos (unos 143 mil dólares) destinados a proyectos de esa bolsa.

Como resultado, según la fiscalía, sufrieron perjuicio ocho comunidades debido a obras inconclusas y a una ejecución presupuestaria que no coincide con el avance real de esos programas.

A cargo del caso, el fiscal Miguel Cardozo afirmó que la orden se emitió de manera directa ante el riesgo de que la exdiputada escape del país.

Según la denuncia, los proyectos presentan un avance físico del 50 por ciento, mientras que la ejecución presupuestaria supera los 80 puntos porcentuales.

Este viernes, se realizó su detención sin esperar a que declarara, y en el video transmitido por el canal Abya Yala se apreció cómo su hijo con una wiphala (símbolo patrio indígena) en la mano intentaba explicar a los policías que estaban camino a la fiscalía y que no huirían, pues de tener ese propósito lo hubieran hecho antes.

De acuerdo con la parte acusadora, la exdiputada podría haberse beneficiado directamente con aproximadamente 700 mil bolivianos (unos 100 mil dólares) que desvió del FDI entre 2009 y 2010, versión que la exdiputada indígena rechaza.

Tras la victoria electoral del MAS en 2020, Patty ganó notoriedad al activar una acusación referida a los sucesos acaecidos tras la firma del decreto supremo 4078 (conocido como de la muerte) 48 horas después de que Jeanine Áñez asumiera la presidencia del Senado y posteriormente del país, sin tener en cuenta a la mayoría parlamentaria del MAS, a la que correspondía legalmente.

La normativa eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada contra quienes reclamaban restaurar el orden constitucional tras el derrocamiento del expresidente Evo Morales.

Como resultado, ocurrieron las masacres de Senkata, Sacaba y el Pedregal, con saldo de cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.

Sin embargo, tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados.

Patty es ahora la aprehendida y está pendiente de una audiencia de medidas cautelares que puede colocarla tras las rejas.

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