“Gracias por la gentileza de recibirnos, presidente Rodrigo Paz”, escribió la exautoridad edil en un post respecto al encuentro celebrado la víspera tras retornar a Bolivia después que se declaró “en la clandestinidad” al ser acusado de un presunto delito millonario.
Por su parte, Ribera compartió en Internet una fotografía del encuentro, en la que se ve al mandatario, Revilla y tres niñas.
“Con mucha fe y esperanza de mejores días para nuestra Bolivia, visitamos al presidente #RodrigoPaz quien desde siempre y cuando era alcalde de Tarija tiene un gran compromiso en la lucha contra la violencia a la mujer a través de su apoyo a nuestro programa de prevención a la violencia YoSoyMiPrimerAmor”, expresa el texto acompañante de la publicación.
En un contexto en que el flamante Gobierno de Paz proclama como uno de sus cinco pilares la lucha contra la corrupción, Revilla encara investigaciones judiciales por presunta legitimación de ganancias ilícitas.
Según un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el nombre de Revilla aparece vinculado a movimientos bancarios sospechosos (depósitos y retiros por montos elevados entre 2019 y 2022), discordantes de sus posibilidades económicas.
En 2021, el exdirigente de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) Jesús Vera lo denunció por un daño económico a la municipalidad paceña de 26,7 millones de bolivianos (casi cuatro millones de dólares) por la compra con sobreprecio de 61 buses denominados PumaKatari para la transportación urbana.
A este proceso se sumó el actual burgomaestre paceño, Iván Arias.
Cuando se conoció el retorno de Revilla, Vera exigió en declaraciones a la prensa que sea aprehendido pues existen en su contra dos órdenes de aprehensión, además de sellos de Interpol.
“Debe ser aprehendido por los delitos de corrupción, 26 millones de bolivianos (casi cuatro millones de dólares) se ha robado de las arcas del Municipio de La Paz”, insistió.
Tras el triunfo de la derecha en los comicios generales de agosto del año en curso, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó poner en libertad a Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el excívico de Potosí Marco Antonio Pumari, los principales acusados en el juicio por los hechos calificados de masacre de Sacaba y Senkata por organismos internacionales.
Desde entonces, regresaron a Bolivia los exministros del Gobierno de Áñez (2019-2020) María Elvira Pinckert, Yerko Núñez y Víctor Hugo Zamora, declarados perseguidos políticos, y a ellos se suma ahora el exalcalde Revilla.
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