El Congreso determinó que la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que regía hasta el fin de 2025, se prolongue un año más, previa concertación con el Ejecutivo que dejó sin efecto el proyecto parlamentario original de una extensión por dos años.

El presidente José Jerí declaró a su vez que está “preliminarmente satisfecho” con la prórroga porque era necesario y era lo posible y advirtió que no debe haber otro plazo a fines de 2026, aunque entonces ya no será presidente, sino el ganador de la elección presidencial de abril próximo.

Cientos de mineros informales que desde hace días se mantenían acampados frente al céntrico Palacio Legislativo, a modo de presión sobre los congresistas, se trasladaron a un parque cercano, donde continúan la protesta.

En el interior, otros grupos, que bloqueaban carreteras con el mismo fin, deliberan sobre la posibilidad de continuar la lucha hasta conseguir el plazo requerido, en medio de dudas sobre esa opción por la desmovilizadora cercanía de las fiestas de fin de año.

El presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Franco Becker, dijo que el problema sigue latente desde 2012 porque no se logra una ley que regularice la situación de decenas de miles de mineros.

Explicó que 97 por ciento de los mineros en proceso de formalización carecen de denuncios (áreas reservadas) propios y operan en zonas ajenas sin explotar; mientras el dirigente de la patronal Sociedad Nacional de Minería, que agrupa a grandes empresas, Gonzalo Quijandría criticó la ampliación del plazo.

El trámite de legalización requiere, entre otras exigencias, la de operar por contrato con los titulares de los denuncios, pero estos les exigen quedarse con la mayor parte del oro extraído o simplemente se niegan a un acuerdo y no pueden formalizarse.

El experto en minería y vocero del Consejo Nacional de Minería, Carlos Mejía, criticó la salida temporal al problema, porque no da la oportunidad de formalizarse a los mineros pequeños y artesanales, de los que solo tres por ciento han podido lograrlo.

«Da los mismo que lo amplíen por uno o dos años si no se construye la estructura o la plataforma para que los pequeños mineros, los artesanales, aquellos que vemos en las marchas, puedan formalizarse”, dijo.

Explicó que los informales está regstrados y pagan impuestos pero trabajan en una concesión ajena y parte de ellos en áreas agrícolas que desde sus ancestros tienen la minería como actividad secundaria pero sus tierras han sido concesionadas a privados que les prohíben actividades mineras o les cobran por hacerlo.

La solución, afirmó Mejía, es una ley que obligue a los concesionarios privados a explorar o exploten las áreas otorgadas y las que se mantengan sin actividad reviertan al Estado para que que pueda asignarlas a los informales.

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