Aprobada en lo general con 85 votos a favor y 36 en contra, la propuesta recibió en lo particular el apoyo de 82 parlamentarios y el rechazo de 34.
La minuta, remitida por la Cámara de Diputados, se deriva de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum dirigida a que el agua deje de verse como una mercancía, y a combatir su uso indebido, el robo del líquido y el mercado negro.
Según lo difundido por la cámara alta, el proyecto –enviado al Ejecutivo Federal- establece las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, así como su interdependencia con otros derechos humanos
El documento promueve, respeta, protege y garantiza el derecho para su consumo personal y doméstico, acceso, disposición y saneamiento acorde con la Constitución y los tratados internacionales de los que es parte esta nación norteamericana.
También plantea los procedimientos para la participación de la Federación, estados y municipios en la tutela de este derecho, y define los mecanismos, instrumentos e instancias de participación ciudadana en el acceso equitativo y uso sustentable del líquido.
Además, se establecen las bases de las políticas que garanticen las perspectivas de género, discapacidad, interculturalidad, intergeneracional, ecosistémica y etaria, para fomentar condiciones de equidad en la gestión y gobernanza del recurso.
Durante la discusión, el senador Óscar Cantón, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”.
A juicio de Juanita Guerra, del Partido Verde Ecologista, el proyecto planteado por el Ejecutivo Federal hace que México “avance hacia un modelo de gestión más justo, transparente y sostenible, que garantiza el acceso al agua como uno de los principales derechos humanos”.
La senadora Lizeth Sánchez (Partido del Trabajo) apuntó que la normativa reconoce y da personalidad jurídica y patrimonio propio a más de 70 mil comités de agua, al otorgarles derechos y obligaciones claras.
Además, agregó, asegura la transmisión expedita de derechos en herencias, compraventas y funciones, lo cual protege el patrimonio de familias campesinas, y define el uso agropecuario familiar para proteger la economía de subsistencia.
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