Las modificaciones, que entrarán en vigor el 17 de diciembre, responden a «una enmienda al reglamento comunitario, dirigida a restablecer el régimen de visados para ciudadanos de terceros países en determinadas circunstancias».

El mecanismo de suspensión se activará si aumenta un 30 por ciento el número de sus ciudadanos en situación irregular o a los que se les deniegue la entrada», detalla el comunicado oficial, reduciendo el umbral previo del 50 por ciento. También aplicará ante un incremento significativo de solicitudes de asilo con tasa de reconocimiento inferior al 20 por ciento, según las autoridades suizas.

Analistas locales consideran que el ajuste refleja una postura común europea más restrictiva y busca mayor control migratorio y presión política sobre países de origen.

La nueva regulación incluye, como causales adicionales, «amenazas al orden público» por instrumentalización de migrantes o un «deterioro de relaciones por violaciones de derechos humanos». Esta medida sigue a una decisión similar del Consejo de la UE en noviembre.

Con esta armonización, Suiza refuerza la coordinación Schengen y amplía las herramientas para gestionar flujos migratorios y relaciones exteriores, en un contexto de creciente securitización de las políticas fronterizas comunitarias.

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