De acuerdo con un comunicado de la Asamblea Nacional (parlamento), la iniciativa busca transformar la manera en que se producen bienes, se consumen recursos y se gestionan los desechos, convirtiéndolos en insumos valiosos para nuevos procesos productivos.

El diputado Manuel Samaniego, impulsor de la norma, de esta manera se rompe con el esquema tradicional de extraer, producir, usar y desechar para reemplazarlo por un modelo donde los materiales se reutilizan, reparan o reciclan, prolongando su vida útil y reduciendo el impacto ambiental.

“El objetivo es que lo que hoy llamamos basura se convierta en un recurso valioso”, señaló.

Además de su impacto ambiental, la nueva ley pretende fortalecer el desarrollo económico mediante la creación de empleos verdes y la activación de sectores como la logística, el reciclaje, la reutilización y la reparación tecnológica.

Samaniego destacó que la economía circular no es una restricción, sino una fuente de negocios, empleo y tecnología.

El marco legal obliga al Estado a crear incentivos para empresas que adopten modelos circulares, los cuales serán definidos con precisión en la reglamentación.

Estos estímulos se sumarán a los ya contemplados en iniciativas como Basura Cero y las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas, que exigen priorizar materiales reutilizables y reciclados en las compras del Estado, según la iniciativa.

La normativa abre espacio para sectores históricamente excluidos, como los recicladores de base, a quienes se incorporará dentro de los programas de capacitación y generación de empleo que definirá el Plan Estratégico Nacional.

El proceso de reglamentación establecerá además las sanciones para las empresas que no se ajusten a los criterios de circularidad, también definirá las políticas fiscales y no fiscales necesarias para impulsar esta transición, tal como exige la propia ley.

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