Cerpas entregó al ente acusador del Estado un voluminoso expediente con supuestas evidencias de una operación criminal coordinada para interferir en el reciente proceso electoral hondureño.

En declaraciones a periodistas, la funcionaria afirmó que los hechos denunciados representan uno de los episodios más graves de intimidación política en la historia de este país centroamericano.

Detalló que antes y durante la celebración de los comicios, la institución estatal recibió 892 llamadas de delitos electorales, las cuales evidenciaron coacción y amenaza de maras, pandillas y estructuras vinculadas con el narcotráfico para impedir el libre ejercicio del sufragio, enfatizó.

Según Cerpas, las pruebas documentadas muestran un patrón de intimidación del crimen organizado en barrios, colonias y centros de votación.

“Población denunciaba que grupos criminales les habían quitado su documento nacional de identificación para impedirles votar, otra parte reveló que les amenazaban con asesinarlos a ellos y sus familias si ejercían el sufragio a favor” del oficialista Partido Libertad y Refundación, manifestó.

“A otros (ciudadanos) les deban tres días para abandonar sus hogares e incluso muchos de estos delincuentes vestían chalecos de observadores y verificaban por quiénes votaba la gente”, agregó.

Indicó que las acusaciones presentadas son audios certificados y sometidos al proceso de cadena de custodia, además de reportes con seguimiento de la Dirección de Investigación e Inteligencia de la Policía Nacional en los 18 departamentos (regiones) del país.

Por primera vez en la historia de Honduras, el crimen organizado habría actuado abiertamente en centros electorales, infiltrándose como observadores y miembros de mesa, remarcó.

La comisionada subrayó que el aporte del 911 es responsable y necesario para que las autoridades competentes determinen si existe causa de nulidad en el proceso electoral.

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