«La tobillera no sirve de nada, si hasta un expresidente (Bolsonaro), que intentó dar un golpe, trató de quitársela», afirmó durante la inauguración de la 14 Conferencia de Asistencia Social, en Brasilia.

Con esa frase subrayó lo que, a su juicio, representa la fragilidad de un sistema punitivo blando cuando no se acompaña de castigos más severos.

El gobernante anunció que convocará a todos los poderes de la República —Congreso, tribunales superiores, tribunales estatales—, junto con representantes de la sociedad civil, sindicatos y confesiones religiosas, con el fin de activar un plan nacional para prevenir agresiones y feminicidios.

Remarcó la educación como clave. Solo así, dijo, se puede cambiar patrones culturales de violencia. Además, expresó su compromiso personal e institucional: «Asumiré esta lucha como mi lucha».

Añadió que su Gobierno buscará facilitar canales de denuncia y garantizar protección a víctimas, promoviendo un cambio profundo de comportamiento entre los hombres.

Pero la alusión a Bolsonaro no fue mera retórica. La crítica se apoyó en un hecho reciente y concreto.

En noviembre de 2025, el político ultraderechista, ya condenado a 27 años y tres meses de cárcel por un intento de golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022, fue arrestado luego de saberse que había manipulado su tobillera electrónica con un soldador.

Según registros judiciales, la pulsera de monitoreo, impuesta como parte de la reclusión domiciliaria mientras aguardaba sus apelaciones, fue encontrada con quemaduras y daños visibles, lo que disparó la alarma de fuga.

En una audiencia con un juez, Bolsonaro admitió haber intentado romperla y lo hizo tras sufrir lo que describió como «alucinaciones y paranoia» provocadas por un cambio reciente en su medicación.

Manifestó creer que el dispositivo podía contener escuchas y aseguró que no tenía intención de huir.

No obstante, la decisión del Supremo Tribunal Federal fue unánime. La manipulación del dispositivo constituyó una violación grave a las condiciones impuestas, la ley fue aplicada y Bolsonaro fue enviado a prisión preventiva.

Para Lula, este episodio refuerza su argumento de que los mecanismos de control no bastan. Sin castigos más severos, las medidas pierden fuerza.

Su reproche apunta no solo a una falla institucional, sino a una responsabilidad individual. La invocación al caso de Bolsonaro deja claro un mensaje directo: la impunidad no será tolerada, incluso si los implicados ocupan (u ocuparon) los más altos cargos.

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