El 30 de octubre, Ojeda presentó un escrito de 70 páginas a la fiscal Sylvia Lovesio para pedir la reapertura de un caso que se inició en 2022. El parlamentario cuestionó la actuación de las fiscales adjuntas que archivaron la causa.

La Constitución establece en el artículo 124 que los legisladores no pueden “tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la administración central, gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados”, y marca como pena “la pérdida inmediata del cargo legislativo”.

El propósito del artículo constitucional es evitar que, como en el caso que se debate, un parlamentario tome ventaja de su investidura en otros asuntos ante diversas instancias.

“Está mal, no se tiene que hacer”, opinó el también senador colorado Pedro Bordaberry, quien encabeza una corriente distinta a la que Andrés Ojeda representa en el PC.

El caso será tratado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, a partir de un escrito presentado por el convencional del Partido Colorado Juan Esequiel Ibarra, quien también denunció a Ojeda ante la Comisión de Ética y Conducta Política del partido.

La Mesa Política del Frente Amplio (FA) tratará este lunes un informe, elaborado por el constitucionalista José Korzeniak, sobre la posible violación de la Constitución por parte del senador colorado.

Según La Diaria, Korzeniak concluye que el Senado “debe dictar una resolución declarando” que Ojeda “ha perdido” su cargo legislativo.

Resultaría “un acto administrativo del Senado”, para lo cual “basta la simple mayoría” de los votos en la cámara alta, que, en este caso, el FA tiene por sí solo.

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