De hecho, el gobierno no ha informado sobre el programa que prevé para conmemorar la efeméride en el Museo Sitio de la Memoria ESMA, en tanto el lunes trascendió que este martes el ejecutivo dará a conocer al nuevo subsecretario de Derechos Humanos que reemplazará al exjuez Alberto Baños, quien renunció el pasado jueves.
Baños dimitió luego de fuerte polémica por sus dichos en el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el que negó la desaparición de 30 mil argentinos durante la última dictadura cívico-militar, lo cual le generó duras críticas.
Los organismos de derechos humanos argentinos vienen denunciando desde el pasado año recortes a sus fondos, el abandono de las políticas en este ámbito, despidos masivos y severa hostilidad ideológica por parte del gobierno libertario.
El nuevo encargado de la Subsecretaría de Derechos Humanos tendrá la principal tarea de profundizar lo que el ejecutivo concibe como nueva fase de ajuste en esta área, según anticipó el diario La Nación.
Refirió, además, que organismos de derechos humanos vienen denunciando hostilidad ideológica desde que el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada.
A ese accionar ideológico se le suma la progresiva escasez de fondos y el deterioro evidente de los edificios y actividades vinculados a recordar los horrores del terrorismo de Estado, cuyas principales cabezas fueron condenadas por la Justicia el 9 de diciembre de 1985, hace exactamente cuatro décadas.
Evidencia de ese abandono es visible en edificaciones de la antigua ESMA, sitio que la junta militar utilizó como campo de concentración, tortura y muerte, y que fuera recuperado como símbolo para preservar la memoria en 2015.
El predio cuenta con 20 edificios, cada uno adjudicado a entidades, como las dos vertientes de Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, y la agrupación Hijos, entre otras. También es un museo de historia contemporánea que muestra los horrores que vivió Argentina durante la dictadura y de otros acontecimientos como la Guerra de las Malvinas.
Dirigentes de derechos humanos han denunciado que unos 800 empleados de este sector fueron despedidos durante el pasado y este año. A los que han quedado trabajando les han recortado considerablemente el salario.
Fueron cesanteados del Museo Sitio de Memoria ESMA, al Archivo Nacional de la Memoria y al Banco Nacional de Datos Genéticos.
Para justificar su política de despidos en esos organismos, el gobierno alega que eran militantes. Otra medida que adoptó el ejecutivo, la cual suscitó duras críticas, fue rebajar de categoría a la Secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría.
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