La Coalición Paz para la Niñez, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Coordinadora Paz para las Mujeres, el Observatorio Equidad de Género y la Red de Albergues, que integran el FAAS, aseguró que las entidades MundoSur y la Red Latinoamericana contra la Violencia de Género, indican que Puerto Rico ocupó en 2024 el segundo lugar en feminicidios en América Latina, solo superado por Guatemala.
Esto evidencia de una crisis que impacta directamente a las mujeres en su cotidianidad y a la niñez puertorriqueña.
Según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, entre 2000 y 2020, el 87.6 por ciento de los homicidios se cometieron con armas de fuego, mientras en el caso de feminicidios, tras la flexibilización legislativa, el porcentaje de feminicidios íntimos con armas de fuego legales e ilegales pasó de 47 por ciento en 2019 a 75 por ciento en 2024.
En este 2025, próximo a concluir, el 82 por ciento de los casos de feminicidios íntimos se registraron con armas de fuego.
Para las agrupaciones, alarma la postura de Astrid Piñeiro, Procuradora de las Mujeres, quien ha expresado que rechaza la regulación y alega que la alta proporción de feminicidios cometidos con armas de fuego responde a un asunto de educación, que no ha sido atendido por este organismo.
Además, consideran que en lugar de prevenir feminicidios, el actual abordaje aumenta significativamente el riesgo de que agresores asesinen más mujeres.
“La procuradora Piñeiro afirmó recientemente que rechaza la restricción y regulación de armas de fuego, a pesar de la robusta evidencia que confirma la correlación entre el acceso a armas de fuego y feminicidios”, establecieron Edda López, coordinadora FAAS; y Stephanie Figueroa, directora ejecutiva Observatorio de Equidad de Género-FAAS.
También Taína Moscoso, abogada mediadora de familia-investigadora violencia de género, y Coraly León, directora Red Nacional de Albergues y Violencia Doméstica.
Alarma, a juicio de estas activistas, la falta de acciones del Estado para atender esta crisis, ya que la política pública vigente promueve y propicia métodos que, lejos de desescalar y prevenir violencias por razones de género, intensifican la crudeza de las violencias contra la población.
La gobernadora Jenniffer González flexibilizó aún más, en agosto pasado, las regulaciones sobre posesión de armas de fuego emitidas en 2020 y que expiraron este año.
A cinco años de la aplicación de la nueva Ley de Armas, respondiendo a una interrupción en la interconexión entre Prits (Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico) y el Centro Nacional de Información sobre el Crimen de Estados Unidos (NCIC), uno de los sistemas del Negociado Federal de Investigación (FBI).
Subrayaron que desde hace varios años carecemos de datos oficiales fiables sobre el panorama de licencias para posesión y cantidad de armas de fuego legales que maneja la Policía de Puerto Rico, aunque se estima que el número de personas con licencias ronda entre 160 mil y 250 mil.
A esta situación se le añade el trasiego de armas ilegales que entran al país, ya que oficiosamente se estima que el 95 por ciento de los crímenes cometidos con armas de fuego involucran armas ilegales, y anualmente se incautan entre tres mil y tres mil 500 armas ilegales, principalmente por la Policía de Puerto Rico.
La crisis de violencia normalizada en Puerto Rico es particularmente peligrosa para mujeres que enfrentan esta situación junto a sus crías, aseguraron las activistas sociales.
El impacto trasciende a las víctimas directas: entre 2019 y agosto de 2025, al menos 156 menores han quedado huérfanos por feminicidios, una cifra que sigue aumentando sin que exista una política pública de reparación ni protocolos especializados para atender a esta niñez.
“Cada asesinato no solo arrebata una vida, sino que fractura familias y perpetúa ciclos de vulnerabilidad y exclusión. El Estado, lejos de responder con urgencia, mantiene una inacción que agrava la emergencia social”, anotaron al reclamar que se garantice su derecho a vivir en una sociedad sin violencias.
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