Las sesiones del juicio también están programadas para el 10, 16 y 17 de diciembre.

Según una denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, los imputados fueron responsables de tareas como la elaboración del citado plan de golpe y otro supuesto denominado Daga Verde y Amarilla.

Este último contemplaba el asesinato y la neutralización de autoridades, como el ministro Alexandre de Moraes, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su vice, Geraldo Alckmin. También se les acusa de planificar el uso de la Policía Federal de Carreteras (PRF) para bloquear carreteras e impedir el acceso de los votantes a las urnas durante la segunda vuelta de las elecciones de 2022.

En este último caso, la intención era restar votos al entonces candidato Lula, quien había obtenido la mayoría en la primera vuelta.

Para la segunda ronda, la PRF ideó un plan de operaciones relámpago el día del sufragio, concentradas en la región nordeste, contradiciendo al Tribunal Superior Electoral.

«Las investigaciones indican que la organización criminal utilizó un alto nivel de conocimientos técnico-militares para planificar, coordinar y ejecutar acciones ilícitas en los meses de noviembre y diciembre de 2022», indicó en su momento la Policía Federal.

Precisó que los inquiridos son, en su mayoría, militares con formación en Fuerzas Especiales.

Los inculpados de ese grupo golpista, integrado por exasesores de Bolsonaro, delegados y alto mando policial, enfrentan cargos de intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, participación en una organización criminal armada, daños agravados y deterioro de bienes protegidos.

Al informar sobre el caso, el ministro Alexandre de Moraes solicitó que el juicio se programe después de la conclusión de la instrucción procesal, con la conclusión de todas las investigaciones y la presentación de los alegatos finales por parte de la Fiscalía General y la defensa.

Hasta la fecha, el STF condenó a 24 personas por la conspiración golpista.

De esa cantidad ocho son del núcleo central uno, constituido por Bolsonaro y siete exmiembros de su gobierno, siete del grupo cuatro y nueve del tres.

En el caso de la agrupación cinco, formada únicamente por el empresario Paulo Figueiredo, la acusación del Ministerio Público Federal aún no ha sido evaluada.

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