Ahora, por esos sucesos, señaló en calidad de coautores a los generales retirados Iván Ramírez, excomandante de la Primera División, y Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional.

La Sala de Reconocimiento de Verdad encontró que el ataque sistemático ocurrido desde los mismos inicios de la fundación de la colectividad, surgida en 1985, tuvo la intención deliberada de destruir a la UP.

Por eso calificó el hecho global como genocidio contra el partido político, conforme al artículo 101 del Código Penal colombiano y en consecuencia decidió renombrar el Caso 06 como ‘Genocidio contra el partido político Unión Patriótica’.

La sala también calificó los hechos como crímenes de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos.

La JEP determinó que este genocidio dejó al menos ocho mil 924 víctimas, de las cuales cinco mil 729 fueron asesinadas o desaparecidas y tres mil 200 fueron víctimas de atentados, desplazamientos forzados, exilio, tortura, detención arbitraria, judicialización infundada y violencia sexual.

El ataque genocida le apuntó a todos los niveles de la organización política, resultando en el asesinato de militantes de base, así como dirigentes nacionales y regionales, incluyendo dos candidatos a la Presidencia de la República, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales. Muchas de las víctimas eran además líderes sociales, abundó la fuente.

La investigación de la JEP confirmó judicialmente lo que advirtieron antes la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica: la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político” de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) fue el primer mecanismo del ataque genocida.

Los crímenes contra la UP se extendieron por todo el país, pero el 70 por ciento se concentró donde la UP alcanzó su mayor éxito electoral: en Urabá, Meta, Magdalena Medio y, en menor medida, en el Nordeste antioqueño, Sumapaz (Cundinamarca), Sur de Tolima, Sarare (Arauca), y en Bogotá y Medellín.

El caso de Apartadó, en 1996, ilustra el patrón macrocriminal a nivel nacional: la destrucción del partido político UP por parte de miembros del Ejército Nacional en asociación con grupos paramilitares, detalló el órgano de justicia transicional.

El genocidio en Urabá, remarcó la JEP, fue resultado de una política contrainsurgente que entendió que la derrota militar de las extintas FARC-EP requería la destrucción del partido político de la UP.

Apartadó, capital del Urabá antioqueño, concentró una de cada cuatro víctimas fatales registradas a nivel nacional, en 1996, especificó asimismo la comunicación.

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