Se refirió así a una entrevista en la que dijo que ante tal posibilidad, “Lo que estamos haciendo con el caso de (la ex primera ministra) Betssy Chavez (asilada en la Embajada de México desde el 3 de noviembre último, sin que el Gobierno le otorgue salvoconducto para viajar a ese país), es una advertencia”.

Indicó que es un aviso a quienes hagan lo mismo y consiste en que “por lo menos mientras esté este Gobierno (hasta julio de 2026), la cosa no va a ser tan fácil pues, si se meten tendrán que quedarse en la embajada”.

Vidarte comentó al respecto que el derecho no puede ser interpretado de diversas maneras, pero al margen de ello, hay que cumplirlo “Y los comentarios del canciller parecieran una confirmación de que Perú no está dispuesto a cumplir sus obligaciones internacionales y eso a mi sí me preocupa”.

Agregó que México entiende el caso de Betssy Chávez, condenada a prisión junto al expresidente Pedro Castillo por conspirar para una rebelión, de manera diferente al Perú, “pero eso no podría responderse con una violación al derecho internacional que es lo que estaría planteando” el ministro.

Aseveró que decir que si alguien se asila en una embajada pues simplemente se quedará en la embajada, “nos guste o no, no podríamos permitir esa situación, porque es una violación total del derecho internacional”.

El analista opinó también que la advertencia de Zela demuestra “el perfil de un gobierno aliado a sectores de la derecha peruana que no son muy afines al respeto al derecho y a la democracia”.

Excancilleres como Óscar Maúrtua, Manuel Rodríguez y Miguel Rodríguez se han pronunciado a favor de que el Gobierno entregue el salvoconducto para que Betssy Chávez viaje a México, donde se encuentran, también asilados, La esposa y dos hijos del expresidente Castillo.

En abril pasado, el Gobierno otorgó de inmediato y sin objeciones salvoconducto a la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016), Nadine Heredia, en cumplimiento de la Convención de Asilo, después de que ambos fueron condenados a 15 años de cárcel por presunto lavado de activos.

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