En rueda de prensa transmitida en redes sociales desde la provincia de Sucumbíos, representantes de las comunidades afectadas señalaron que el laudo “significa que los pueblos indígenas y campesinos no tienen derecho a un juicio”.

Pablo Fajardo, abogado de la organización, afirmó que el Gobierno no debe presentar el fallo como un logro por la reducción del monto, pues “lograron esos 220 millones (de dólares) sacrificando la vida de los pueblos”.

Pidió al juez de la causa que ordene a la Procuraduría General y al Ministerio de Economía no pagar ese dinero a Chevron, “que se retenga, y se haga un plan para empezar a trabajar con esos recursos en la remediación del desastre causado por Chevron en nuestra Amazonía”.

Anticipó que buscarán acudir a tribunales en otros países para homologar la sentencia ecuatoriana, que desde 2011 obliga a la petrolera a pagar nueve mil 500 millones de dólares por daños ambientales.

Humberto Piaguaje, de la nacionalidad Siekopai, recordó que un contrato de remediación firmado en los años noventa por los gobiernos de Sixto Durán Ballén y Jamil Mahuad liberó a la compañía de responsabilidades, lo que, según dijo, permitió que Chevron negara la contaminación que aún sufren las comunidades de la zona.

Piaguaje mencionó que los casos de cáncer siguen siendo elevados y muchos lamentablemente fallecieron esperando justicia.

El Observatorio de la Dolarización también rechazó el pago y afirmó que Chevron fue quien contaminó mientras operó en el país (1964-1990), aunque ahora el oficialismo intenta presentar el fallo como un mérito.

Desde el Gobierno, la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) anunció que impulsará una ley que permita cobrar los 220 millones de dólares “del bolsillo” del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa, al que responsabilizan de presuntas irregularidades judiciales en el caso.

El legislador de ADN, Xavier Ordóñez, aseguró que ese sector político “intervino” en los procesos iniciados por comunidades amazónicas y “forjaron sentencias”, lo que, en su opinión, derivó en la condena internacional.

Por su parte, desde el bloque opositor de la RC, el legislador Comps Córdova negó que el correísmo sea responsable del fallo y rechazó que el Gobierno celebre el pago ordenado a favor de la petrolera porque es menor a lo inicialmente esperado.

Córdova agregó que las comunidades afectadas continúan sin reparación, mientras el Estado prioriza obligaciones derivadas de arbitrajes internacionales.

El conflicto, uno de los más largos de América Latina en materia ambiental, se originó en 1993, cuando comunidades indígenas y campesinas denunciaron vertidos tóxicos atribuidos a Texaco, luego adquirida por Chevron, en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1990.

Chevron sostiene que la sentencia ecuatoriana de 2011 fue obtenida «a través de fraude, sobornos y corrupción», y en 2018 logró un laudo internacional favorable que ahora deriva en la compensación de los 220 millones de dólares.

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