El presidente de Control Social de Quillacollo, Gonzalo Herrera, afirmó que esa decisión responde a una solicitud de las comunidades para acompañar el duelo por la muerte con impactos de bala en sus cuerpos de Pablo Marco Padilla y Sinforiano Carrillo.

La medida de presión comenzó la víspera en la mañana, cuando grupos de vecinos cortaron el paso en la avenida Blanco Galindo y Capitán Ustáriz con piedras, vehículos y otros objetos contundentes para impedir el tránsito.

Estos bloqueadores exigen al Ministerio Público y la Policía que se identifique a los autores intelectuales y a los ejecutores directos de las muertes y los heridos en las violentas acciones desatadas en Cotapachi, departamento de Cochabamba.

Aseguró Herrera que, aunque el bloqueo fue levantado por el cuarto intermedio, permanecerán en alerta ante cualquier convocatoria para reactivar la medida de presión.

Diversas fuentes reportaron que la movilización comenzó este martes tras una autoconvocatoria por parte de los vecinos de la zona, molestos ante el accionar de la Policía, que, según sus jefes, solo portaban armas de reglamento y no letal.

En la zona de bloqueo se observaban barricadas, según mostró el canal estatal Bolivia Tv, con la demanda de que también se resuelva de manera definitiva el conflicto de límites entre Quillacollo y Colcapirhua, lo cual junto con la afectación ambiental originó el bloqueo al botadero de basura en Cotapachi, que llevaba 12 días cerrado.

Tal situación originó los enfrentamientos con el contingente policial, cuyos jefes declararon a la prensa que en cumplimiento de una sentencia constitucional intervinieron para liberar el acceso al vertedero.

Desde la cartera de Gobierno, en tanto, el viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, anticipó que un equipo de fiscales se trasladó a Cotapachi para coadyuvar en las pesquisas.

La Defensoría del Pueblo exigió, por su parte, que las autoridades policiales expliquen el posible uso de armas y se brinde la atención necesaria a las 14 personas que resultaron heridas, mientras el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determina las circunstancias exactas de las muertes.

“Como vicepresidente, he ordenado un informe exhaustivo para dar con los responsables, quienes deben asumir la responsabilidad y la consecuencia de sus actos”, declaró el lunes, en tanto, el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, en un video difundido en su cuenta de Tiktok y reproducido por los canales de la televisión.

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