Durante el acto financiado por el Fondo de Cooperación Española, el embajador de ese país, Fernando García, destacó la importancia del aniversario 77 de la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en París después de la Segunda Guerra Mundial, un día como hoy, en 1948.

Lamentó el diplomático que los propósitos de ese documento sean negados hoy por guerras y amenazas de conflictos que acontecen en distintas partes del mundo e incluso con el uso indiscriminado de la fuerza en aguas internacionales.

A continuación, distintas organizaciones defensoras de esta problemática expusieron el trabajo realizado durante el año en curso.

Fueron ellas la Fundación Construir, la Comunidad de Derechos Humanos; el Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI); y la Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción Cultural (Adesproc Libertad).

Igualmente, intervinieron los representantes de la sección nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem); Libertades Laicas y la Coordinadora de la Mujer.

Los ponentes abordaron temas como Justicia, Estado de Derecho y Libertades Fundamentales; Violencia Contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes; Igualdad y no Discriminación, Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes.

Otras temáticas analizadas fueron Derechos Humanos de las Diversidades Sexuales, de Género y los Desafíos; Derechos Sexuales y Reproductivos, Laicidad y Derechos Humanos, así como Participación Política de las Mujeres.

Al hablar en representación de Libertades Laicas, Paulo Bustillo abogó por la libertad de conciencia y enfatizó en que el Estado no debe hacer proselitismo religioso.

Expresó preocupación por el uso creciente del Gobierno de símbolos religiosos en ceremonias oficiales.

“El problema es cuando el Estado adopta una religión y la exhibe como identidad institucional para colocar a una sobre otras”, dijo el estudioso del tema.

Por su parte, la portavoz del ITEI, Emma Bolshia Bravo, informó que ese instituto ha acompañado en su rehabilitación a mil 833 víctimas directas de este flagelo, sin contar el núcleo familiar y comunitario.

“Se ha podido evidenciar que estas personas han sufrido tortura física, psicológica, biológica y sexual, en recintos policiales, militares y en cárceles”, describió la psicóloga.

Significó que, además constituye una evidencia que en Bolivia se obtiene información y se genera autoincriminación por medio de la tortura, cuando la investigación policial debería basarse en métodos científicos.

ro/jpm