La ponencia positiva del proyecto naufragó ayer en la Comisión Cuarta del Senado con nueve votos en contra y cuatro a favor, lo cual significa que el presupuesto de 2026 prescindirá de 16 billones de pesos (poco más de cuatro mil millones de dólares al cambio actual) que el Ejecutivo esperaba poder recaudar mediante una reforma tributaria.
A juicio del titular de Hacienda, Germán Ávila, la negativa a la iniciativa deja un vacío importante en la estructura de ingresos.
Recordó en su comunicación que el Congreso de la República dio luz verde al presupuesto que orienta los gastos del Gobierno para el próximo año, pero que se dejó claro que una parte de esos recursos debía llegar a través de una Ley de Financiamiento complementaria.
Sin embargo, lamentó que, tras un amplio debate y varios ajustes, la iniciativa fue finalmente rechazada por un sector del Legislativo.
La propuesta inicial del Gobierno planteaba un recaudo de 26,3 billones de pesos (unos seis mil 850 millones de dólares al cambio actual), cifra que luego se redujo en 10 billones de pesos (más de dos mil 500 millones de dólares) como resultado de los acuerdos y modificaciones realizadas durante la discusión.
Según el ministro, el proyecto fue ajustado para enfocarse en una lógica progresiva, para concentrar los mayores esfuerzos tributarios en los sectores de más altos ingresos y el sector financiero, y con el retiro de medidas que podían afectar de manera directa a la ciudadanía, como los incrementos en combustibles.
Apuntó el funcionario que el rechazo de la Ley de Financiamiento podría traducirse en menores recursos para programas sociales, inversiones regionales, subsidios y atención de obligaciones del Estado, incluyendo parte del pago de la deuda pública.
Frente a ese escenario, señaló, el Gobierno aplica una revisión de las alternativas disponibles dentro del marco institucional, con el objetivo de garantizar la continuidad del funcionamiento del Estado y la ejecución de los programas sociales previstos.
Planteó asimismo que la discusión sobre la declaratoria de una emergencia económica no está exenta del debate.
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