Por Dayana López*
El Ghalia Djimi, una de las defensoras de derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental que se encuentran bajo ocupación ilegal de Marruecos e integrante del AREN, hizo pública la denuncia.
Lehsen Dalil, presidente de esa Asociación ambientalista, y Breka Bahi fueron blancos de acciones de acoso por efectivos de la policía de ocupación; en especial Dalil está en continuo asedio agentes vestidos de cuyos vehículos estacionan frente a su domicilio de manera intimidatoria.
“Estamos bien, a pesar de la represión cotidiana”, dijo Djimi desde El Aaiún.

El acoso a sus viviendas, remarca, es una clara violación a las normas establecidas en los convenios internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, un instrumento que Marruecos firmó y ratificó en su Constitución de 2011.
La activista comparte su denuncia cuando este miércoles se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos establecido por la ONU en 1950 para promover la difusión y defensa de los derechos inalienables que asisten a todas las personas.
Con la efeméride también se busca fortalecer la conciencia colectiva acerca de su valor en la consolidación de sociedades más justas y equitativas.
Marruecos presidió el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas en 2024, pese a las continuas denuncias de violaciones a estos principios por parte del régimen monárquico de Mohamed IV, que han sido ampliamente documentadas.
El asedio sobre Dalil, Bahi y Djimi provienen por las denuncias que hizo AREN de obras ilegales en su más reciente declaración del pasado 5 de diciembre, en la cual alertó que el gobierno de Rabat abrió un proceso de licitación para la construcción de una línea alterna de Corriente de alta tensión (UHV) de mil kilómetros entre la ciudad ocupada de Bojador y la marroquí Tansift.
La licitación ilegal lo anunció la Oficina Nacional de Electricidad y Agua Potable.
“Este proyecto constituye una violación a la soberanía, a los derechos fundamentales del pueblo saharaui, además de generar un impacto ambiental negativo en la biodiversidad de la región, en una acción que además esquiva las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, recalca AREN.
El fallo de ese órgano establece que cualquier explotación de los recursos del Sáhara Occidental, debe hacerse con el consentimiento del Frente Polisario, como único y legítimo representante del pueblo saharaui, remarca la Asociación ambientalista.
Ante tal acción, “AREN condena enérgicamente esta licitación y el proyecto en sí, por ser parte de la estrategia de Marruecos para restar soberanía al territorio del Sáhara Occidental”.
El comunicado hace un llamamiento a la ONU y la Unión Africana para que intervengan de inmediato y detengan el saqueo de recursos del pueblo saharaui.
El asedio constante contra activistas como El Ghalia, Breka y Lehsen, busca silenciar, atemorizar y neutralizar a las voces saharauis que resisten a la ocupación y claman por la autodeterminación de su pueblo.
*La autora es comunicadora y activista venezolana quien colabora con Prensa Latina
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