“La violencia policial en Puerto Rico genera muertes, y estas muertes le competen a cada persona y a cada institución pública; las vidas de la gente son un asunto de derechos humanos que siempre se debe priorizar, no normalizar y justificar sus muertes”, afirmó Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.
Acompañada de madres, hermanas y tías cuyas vidas nunca han vuelto a ser las mismas, la activista social hizo un llamamiento al país y a las autoridades “para que prioricen la justicia y los derechos humanos”, al tiempo que calificó de inaceptable la falta de acción de parte de las instituciones del Estado.
Kilómetro 0 y las familias de las víctimas reclamaron en una carta al Departamento de Justicia de Puerto Rico acción ante la falta de investigaciones confiables así como de rendición de cuentas, perpetuando la impunidad, generando dolor entre las familias de las víctimas y desconfianza en las instituciones policiales.
Consideran que “la impunidad también sostiene la desconfianza pública en las instituciones encargadas de velar por la justicia y la protección de la vida”.
Mari Narváez afirmó durante conferencia de prensa que “una de las acciones más peligrosas es que normalicemos que el Estado nos mate; en Kilómetro 0 llevamos años documentando y denunciando un patrón de exceso y de desproporción del uso de la fuerza policial”.
Las familias presentes aseguraron que en muchos de estos casos, las investigaciones no se realizan o no se llevan a cabo de manera adecuada, se les niega información fundamental, en algunos se les intimida y los responsables nunca enfrentan consecuencias por sus acciones, ni en el ámbito criminal ni en el administrativo.
“Las familias de las víctimas se ven obligadas a luchar por alguna migaja de información y de acción en un sistema que parece priorizar la protección de los agentes de la ley sobre la justicia para las víctimas”, apuntó Mari Narváez.
Desde 2014 hasta 2025, Kilómetro Cero ha documentado 129 muertes relacionadas al uso de fuerza y a intervenciones de las policías en Puerto Rico.
Las muertes que ocasionaron las fuerzas policiales en Puerto Rico se distribuyen de la siguiente manera: 70 muertes por uso de armas de reglamento; 17 muertes bajo custodia policial; 14 suicidios policiales con sus armas de reglamento; 13 muertes ocasionadas por persecuciones policiales; 10 muertes en intervenciones en crisis; cinco feminicidios; tres muertes tras el uso de descargas eléctricas y siete relacionadas a otras acciones policiales.
Además, 103 decesos están relacionados a intervenciones de policías estatales, 19 de municipales, y siete de federales: dos de estas últimas en este año están relacionadas a intervenciones de agentes federales que ocurrieron como consecuencia de las políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump en Puerto Rico.
Entre las 70 muertes que ocasionaron policías con sus armas de reglamento, el 44 por ciento de las víctimas no portaba armas de fuego, por lo que es difícil de justificar el uso de fuerza letal contra una persona desarmada, destacó Mari Narváez.
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