Tal texto del relator Alessandro Vieira reformula la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre, por tal motivo debe regresar a esa casa legislativa.

En lugar de crear una nueva legislación para sancionar a los miembros de grupos criminales, propone actualizar la Ley de Organizaciones Criminales vigente.

La mudanza fue una solicitud del Ministerio de Justicia y la Policía Federal que consideraron que la opción adoptada por la Cámara baja representaba un vacío legal, el cual beneficiaba a los delincuentes. Vieira retomó en el documento la diferenciación sugerida por el Gobierno para organizaciones criminales, facciones y milicias, planteando disímiles niveles de penas.

También la propuesta elimina las visitas conyugales para los presos provisionales o los condenados por pertenecer a esos grupos.

El relator modificó y eliminó una serie de puntos que, según la evaluación técnica de su oficina, son inconstitucionales, como el fin de la asistencia penitenciaria y la prohibición de que los detenidos en prisión preventiva voten en las elecciones.

La propuesta crea el bautizado Marco Legal para la Lucha contra la Delincuencia Organizada y aumenta las penas, estableciendo hasta 60 años de prisión para los líderes, con la posibilidad de circunstancias agravantes, y dificulta que los miembros de grupos criminales progresen a un régimen menos restrictivo.

De igual forma estipula que los cabecillas de facciones y milicias deberán cumplir sus castigos en prisiones federales de máxima seguridad.

Además, el proyecto de ley propone que la infiltración de grupos criminales en la gestión de instituciones financieras pueda verse afectada por un aumento de la pena.

Reiteró Vieira en la proposición una sugerencia del gobierno para permitir que los denunciantes actúen como infiltrados en las investigaciones.

La propuesta fue abandonada por el ponente en Diputados, Guilherme Derrite.

El proyecto de ley igualmente crea grupos de trabajo basados en el modelo de la Fuerza de Tarea Integrada para el Combate al Crimen Organizado (Ficco).

Insta a crea una base de datos nacional con información sobre miembros y empresas involucradas con organizaciones criminales y milicias.

La oferta de Vieira diferencia los escarmientos para los miembros y las acciones de las organizaciones criminales, y para las facciones y milicias.

Otro punto que los expertos señalaron fue que, en el texto aprobado por la Cámara baja, era demasiado amplio y podría favorecer a los delincuentes.

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