La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) denunció a través de un comunicado que este hecho “constituye una violación gravísima del Derecho Internacional y un ataque directo contra la soberanía de la República Bolivariana”.

Señaló que el caso se suma al despojo criminal de la empresa Citgo y revela “una estrategia de saqueo destinada a apropiarse de los recursos energéticos venezolanos, estableciendo un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad jurídica y marítima internacional”.

La Alianza rechazó, con absoluta firmeza, esta agresión imperial y ratificó “su respaldo total al pueblo y gobierno de Venezuela”.

El bloque de integración latinoamericano y caribeño exigió la restitución inmediata del buque y el cese de toda acción de despojo contra bienes venezolanos.

Exhortó, asimismo, a los organismos multilaterales, regionales y globales a pronunciarse con urgencia ante esta violación abierta de la legalidad internacional.

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