La decisión de la Asamblea Legislativa, que derogó la prohibición de la actividad minera metálica el 23 de diciembre de 2024 al aprobar la Ley General de Minería Metálica, abrió un escenario de confrontación entre el gobierno, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil y la iglesia salvadoreña.
La nueva normativa, impulsada por el presidente Nayib Bukele, revirtió la ley de 2017 que prohibía la actividad y convirtió a El Salvador nuevamente en un país, donde intereses económicos parecen estar sobre el impacto ambiental.
Recientemente, durante la octava peregrinación a Ciudad Barios por el natalicio de San Óscar Arnulfo Romero un total de 153 organizaciones religiosas de 25 países firmaron una carta pública, en la cual respaldan a líderes e instituciones que demandan la restitución de la prohibición.
Un comunicado de esas entidades, divulgado por el Instituto de Estudios Políticos, sostienen que la minería representa un riesgo para el acceso al agua potable, al que consideran un derecho concedido por Dios.
Los religiosos manifestaron su solidaridad con activistas sociales y religiosos perseguidos y encarcelados por las autoridades por su activismo y por oponerse a proyectos mineros que podrían generar la destrucción de las comunidades.
Alertaron que este proceso extractivo usa sustancias como arsénico y cianuro, que representan probadas amenazas para las cuencas hidrográficas del país.
Los religiosos citaron un estudio de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), publicada en 2024, que reveló que tres de cada cinco salvadoreños consideran que El Salvador no es un país apto para actividades mineras.
En su rechazo a esta ley, la iglesia recolecto 150 mil firmas que entregaron a la Asamblea Legislativa pidiendo no aprobar la nueva ley, un esfuerzo infructuoso ante la mayoría legislativa que tiene el partido Nuevas Ideas, en el gobierno.
En El Salvador el tema se reitera con frecuencia e incluso, como ahora, ocupa la atención de grupos internacionales.
Por ejemplo, durante la Asamblea Ordinaria del Secretariado Episcopal de América Central (Sedac), los obispos de la región también reiteraron su preocupación por la expansión de proyectos mineros y la criminalización de ambientalistas en Centroamérica.
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