Rojas sostuvo que la aprehensión este miércoles del exdignatario Luis Arce, en el contexto de la investigación del expediente FDI, abre la posibilidad de iniciar un juicio de ese tipo contra Morales.

“Necesitamos empezar a hablar de un juicio de responsabilidades contra Evo Morales. El señor Arce era solamente un cajero, 15 años que vivió como cajero. Ahora Evo Morales también tiene que responder por el FDI, además de otras mil causas que están abiertas”, declaró el legislador.

Insistió Rojas en que el caso amerita un juicio de responsabilidades, debido a que “donde se aprieta el caso Fondo Indígena hay muchas cosas por investigar”.

El legislador oficialista justificó, además, que no existe “persecución política”, como sostienen algunos sectores, y afirmó que “básicamente el secuestro ha sido lo que han hecho con (Luis Fernando) Camacho”, gobernador de Santa Cruz detenido durante el Gobierno de Arce por desobedecer de manera reiterada citaciones de la Fiscalía.

Arce se acogió la víspera al derecho constitucional del silencio durante la declaración informativa tras su aprehensión, investigado en el caso FDI, aseguró una fuente oficial.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, afirmó este miércoles que la citación responde a una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía Departamental de La Paz, dentro de una ampliación de denuncia presentada el 9 del mes en curso por el nuevo representante legal del FDI.

Informó que el expediente involucra presuntos hechos de corrupción vinculados a la administración de recursos cuando el exmandatario ejercía como ministro de Economía, durante los gobiernos de Evo Morales (2006-2019).

Agregó Mariaca que el exdignatario fue trasladado nuevamente a celdas policiales mientras se espera la presentación de la imputación formal.

“Vamos a esperar que la autoridad jurisdiccional pueda señalar la audiencia de medidas cautelares para esta persona que se encuentra en calidad de aprehendida”, comentó.

Aclaró la Fiscalía que la investigación se lleva adelante en la vía ordinaria, debido a que los hechos denunciados corresponden al periodo en el que Arce fungía como autoridad ministerial, antes de asumir en 2020 la Presidencia del Estado.

La autoridad eludió referirse a los indicios específicos reunidos en el cuaderno de investigación y señaló que estos serán expuestos en la audiencia de medidas cautelares.

Sin embargo, adelantó que el caso incluye “supuestos hechos de corrupción en los que se habrían dispuesto recursos económicos en montos significativos”, junto a otros funcionarios también investigados.

Acotó que la actuación de la Fiscalía se rige por el principio de objetividad y negó que el proceso responda a motivaciones políticas.

“Estamos cumpliendo lo que manda la Constitución. No se trata de persecución, sino de una denuncia presentada por una institución del Estado y respaldada por informes policiales”, justificó.

Según se informó, la situación jurídica de Arce pasará de la fase preliminar a la etapa preparatoria, que tendrá un plazo de 180 días, mientras se define si enfrentará el proceso en libertad o con medidas cautelares restrictivas.

De su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, sostuvo que Arce es investigado por cinco delitos en el caso del FDI, proceso en el cual las autoridades calculan un daño económico preliminar de 360 millones de bolivianos (más de 50 millones de dólares).

Subrayó, no obstante, que existen otros hechos delictivos conexos, por los cuales el daño económico podría superar los 700 millones de bolivianos (unos 100 millones de dólares).

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