El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para Santiago Hazim, exdirector de Senasa; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Eduardo Read Estrella; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Los imputados enfrentan cargos por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, uso de documentos falsos y lavado de activos.

De acuerdo con la institución, el grupo actuaba de forma articulada para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos legales ni técnicos.

Los vinculados al supuesto esquema de corrupción en el Senasa habrían cobrado servicios de hemodiálisis a nombre de personas ya fallecidas, entre otras violaciones.

El expediente señala que, en el área cardiovascular, se reportaban intervenciones quirúrgicas por lesiones que no existían y que no podían ser verificadas.

De igual manera, en los casos de pacientes con cáncer, se incrementaba la cantidad de sesiones de radioterapia y quimioterapia, así como la realización de endoscopías y colonoscopias a usuarios que no tenían indicación médica para dichos procedimientos.

Según el Ministerio Público, los fondos obtenidos mediante estas maniobras fueron utilizados para adquirir bienes y conformar un patrimonio ilícito, el cual era colocado a nombre de terceros (testaferros) con el fin de evadir la acción de la justicia.

La semana pasada el presidente Luis Abinader ordenó a Senasa constituirse en actor civil para recuperar el dinero defraudado al Estado.

Este miércoles, la procuradora general de la República, Yeni Berenice, afirmó que es inaceptable que alguien “juegue con la salud de más de siete millones de personas vulnerables”, refiriéndose a los implicados en el desfalco al Senasa.

Aseguró que la investigación avanza y ahora alcanza a médicos y otros profesionales del sector salud.

Precisó que las autoridades han ampliado el alcance del expediente para incluir centros y especialistas que pudieron tener participación en las irregularidades, anticipando que habrá nuevos imputados, pues —según sostienen— “estos procedimientos no se ejecutaron solos”.

Insistió en que la justicia debe aplicarse sin distinciones y que, en la medida en que surjan más evidencias, se continuará incorporando a todos los responsables.

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