El gobierno del presidente Daniel Noboa prometió en 2024 aumentar la capacidad en 939 megawatts (MW) para reducir la dependencia de las lluvias y hasta ahora solo se han incorporado 437,5, según un reporte del canal Ecuavisa.

De ese total, 204 provienen del complejo hidroeléctrico Toachi Pilatón, otros 200 MW corresponden a barcazas flotantes contratadas de emergencia, la planta térmica El Descanso aportó 20 MW, el proyecto Gasvesubio añadió 13,5 MW.

Quedan pendientes 501 MW, entre ellos está el alquiler de 260 megavatios en Pascuales, cuya adjudicación acumula cinco retrasos y también siguen paralizados los proyectos Salitral (100 MW) y Quevedo III (50 MW), ambos a cargo de la estadounidense Progen.

A eso se suma la obra Esmeraldas III, de 91 MW, adjudicada a la empresa uruguaya Austral Technical Management (ATM), que tampoco cumplió los plazos.

La situación agrava la crisis eléctrica nacional, que ya provocó apagones de hasta 14 horas diarias entre septiembre y diciembre del pasado año.

La estatal Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) advirtió que, además de los 500 MW pendientes, el país necesita 430 MW adicionales de generación firme y sin esas nuevas plantas, el país seguirá dependiendo de las lluvias para llenar los embalses y evitar cortes.

Esta semana, Celec presentó una denuncia penal contra la compañía ATM, que abandonó la obra hace casi 50 días, dejando la central como un “cementerio de generadores viejos”, pues apenas 16 de los 48 motores fueron instalados.

La entidad estatal sostiene que el Estado pagó 72 millones de dólares por equipos que serían inservibles.

La Contraloría ya había advertido de irregularidades en el proceso de contratación, pero pese a las alertas los desembolsos continuaron.

Celec afirmó que espera el fallo del arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito sobre el contrato con ATM.

Mientras tanto, los problemas técnicos y legales ralentizan la capacidad del país para enfrentar sequías y garantizar el suministro eléctrico.

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