El escándalo, que dejó al descubierto fallas en el sistema electoral, afecta al partido Acción Popular (AP), cuyo fundador, el centro-derechista Fernando Belaúnde, gobernó dos veces el país, de 1963 a 1968 y de 1980 a 1985.

En la elección de candidatos a la presidencia por delegados de cada partido, el 7 de septiembre, era casi segura la nominación del presidente de AP, Julio Chávez, porque sus seguidores habían ganado holgadamente los previos comicios, asegurando el número de delegados que le garantizaba la nominación y así quedó acreditado en actas.

Sin embargo la presidenta del comité electoral, Silvia Pajuelo, única que tenía acceso al sistema informático de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), registró en este como delegados a perdedores de la elección, para que elijan al conservador Alfredo Barrenechea, quien fue considerado ganador.

La ley electoral no había previsto un fraude tan extremo y la ONPE, ante las quejas, se limitó a señalar que estaba obligada a validar lo informado por la autoridad electoral de AP y que no hay posibilidad de una nueva elección por el principio de preclusión que rige el proceso e impide regresar a etapas ya cumplidas.

El exparlamentario Ricardo Burga, vinculado a Chávez, declaró que no puede quedar impune el delito cometido y demandó a la ONPE que pida las actas de la elección de delegados y reemplace a los usurpadores por los verdaderos elegidos.

Añadió que, de no ser eso posible, debe anularse la elección fraudulenta, aunque Acción Popular quede al margen de las elecciones generales, lo que considera preferible a que prevalezca una maniobra delincuencial.

Eso es muy posiblemente lo que decidirá el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tribunal electoral, según José Ñaupari, experto en la materia.

El ex jefe de la ONPE advirtió anticipadamente que las llamadas primarias no contribuirán a mejorar la calidad de las elecciones, situación que consideró “consecuencia de una práctica poco democrática y de una legislación ineficaz que privilegia la selección de candidatos en manos de muy pocos”.

Se refirió así a cambios de la ley electoral que, eliminaron la obligatoriedad de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) como forma de elegir candidatos para que sean solo opcionales.

En el caso actual, de las 39 organizaciones inscritas -cifra propiciada por la reducción de exigencias para inscribir partidos- para participar en los comicios del año próximo, solo dos decidieron que sus militantes con la modalidad PASO.

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