Tal comunicación se hizo extensiva al también parlamentario Alexandre Ramagem, pues ambos residen en Estados Unidos.
Los edictos se publicaron en el Diario Oficial de la Unión y en el caso de Eduardo Bolsonaro, el procedimiento administrativo para la anulación de su puesto como diputado federal se debe a ausencias excesivas.
El aviso otorga cinco días hábiles para que el descendiente de Bolsonaro presente un escrito de defensa.
Transcurrido el plazo, que vence la próxima semana, la Mesa Directiva de la Cámara baja presentará la decisión sobre la casación.
Ramagem, prófugo en Estados Unidos, podría ver revocado su mandato tras una condena penal firme por participar en el intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022.
Tiene cinco sesiones para responder. El proceso de impeachment (destitución) pasará directamente al pleno el 17 de diciembre.
El exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia durante el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) fue condenado por el Supremo Tribunal Federal en el caso del complot golpista, recibiendo una pena de pérdida del cargo y 16 años de prisión.
La noticia de la notificación al hijo del exmandatario ultraderechista generó ponderaciones en sectores que defienden la limpieza institucional y la responsabilidad legislativa.
Analistas políticos indican que la decisión, liderada por Motta, podría ser un mensaje de que no se tolerará la «ausencia prolongada» de parlamentarios que residen en el extranjero y no participan activamente de manera presencial.
En el terreno simbólico, la posible invalidación del mandato de Eduardo Bolsonaro podría debilitar aún más la influencia pública de su familia en la Cámara baja, justo cuando su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, avanza su candidatura presidencial hacia las elecciones de 2026, tras la extendida prisión que cumple su padre por tentativa golpista.
Para muchos representa un giro real en la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional y, de cara al futuro, si la Mesa Directora ratifica la pérdida del mandato, luego de vencerse el plazo legal para la defensa, es probable que se intensifiquen procesos similares contra otros legisladores que están fuera del país o que abandonaron sus funciones de forma prolongada.
Lo anterior podría sentar jurisprudencia interna sobre la necesidad de ejercicio presencial de cargos públicos y reformular la estrategia de diputados que hasta ahora confiaban en «trabajar desde el extranjero».
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